El negocio de la droga en las cárceles: las sospechas de una banda integrada por penitenciarios

El secuestro este lunes de más de mil dosis de cocaína y marihuana en Almafuerte evidenció que lupa está puesta en algunos guardias y las relaciones que llevan con los llamados “plumas” o referentes de los pabellones de las tres prisiones más importantes del Gran Mendoza.

La droga incautada en Cacheuta. Los otros penales, también en la mira.
La requisa realizada el lunes por el Servicio Penitenciario (SP) en el módulo 4 ala 1 de la cárcel de Almafuerte, que permitió el secuestro de más de mil dosis de cocaína y marihuana y tarjetas de teléfonos celulares, no fue de rutina. Fue ordenada y supervisada por las autoridades luego de que comenzaran a investigar la comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades en el penal ubicado en Cacheuta, Luján. Buscaban datos para intentar cerrar con pruebas presuntos casos de connivencia entre presos y guardiacárceles.

Desde hace meses, existen sospechas difíciles de comprobar que involucran a penitenciarios con el ingreso de chips de teléfonos celulares, drogas y otros elementos de dudosa procedencia, que después son vendidos por presos en los establecimientos carcelarios de la provincia. Un negocio que puede generar miles de pesos: los reos les pagan a quienes tienen el deber de custodiarlos y estos ingresan la mercadería.

Fuentes consultadas por este diario, relacionadas con la investigación de delitos de este tipo, hablan de una organización de guardias que opera desde hace largo tiempo y tiene llegada directa con los internos de los tres penales más importantes del Gran Mendoza: San Felipe, Boulogne Sur Mer y Almafuerte.

Los rastrillajes iniciados para buscar responsabilidades penales se profundizaron a principios de este mes -luego de un procedimiento en particular en uno de los ingresos a Cacheuta-, pero llevaría más de un año bajo la lupa de la cúpula del SP, debido a que se han detectado “al menos tres casos” de penitenciarios intentando ingresar drogas a las cárceles, principalmente en el 2022 y a principios de este año.

Esas dudas o presuntos casos de complicidad delictiva crecieron cuando los mismos responsables de las prisiones comenzaron a sospechar de las relaciones entre algunos guardias responsables de la supervisión del pabellón y los llamados “plumas”, la palabra tumbera utilizada intramuros para identificar a los reos jefes de los diferentes sectores.

El lunes 3 de este mes las 19.30, se presentó un suboficial para tomar el servicio nocturno. El guardia pertenecía a la División Seguridad Interna (ser reserva su identidad). Al momento de requisar sus pertenencias en el área de Conserjería –cómo establecen los protocolos del SP–, una suboficial ayudante detectó que su colega intentaba ingresar 2 mazos de cartas nuevos, una pastilla de viagra y 9 chips de teléfonos celulares. Los elementos los transportaba en los diferentes bolsillos de una mochila. Esta situación provocó un seguimiento sobre el penitenciario, luego de ser separado de su puesto.

Gracias a algunas pruebas recolectadas, identificaron a un interno del pabellón 4.1, a quien marcaron con el alias de Peter (se reserva su identidad). Este preso, condenado a una dura pena por un asesinato en Guaymallén, sería quien mantenía contactos con guardias del sector para el ingreso de diferentes elementos y estupefacientes.

Por eso se ordenó una requisa en el citado módulo carcelario. Este lunes por la mañana, a las 10.30, el personal ingresó a las diferentes celdas y detectó una red de comercio de drogas en pequeñas cantidades. Los estupefacientes, principalmente cocaína y marihuana, estaban fraccionados y listos para su comercialización.

En total, fueron 1.054 envoltorios de nailon con cocaína (con un peso de 296 gramos) y 77 de marihuana (pesaron 81 gramos). Además, incautaron 65 chips para celulares de distintas compañías, tal como reveló El Sol.

Este caso, que también llegó a la Inspección General de Seguridad (IGS), se sumó a otros que están bajo análisis. En enero del año pasado descubrieron a un guardia con 10 años de experiencia ingresando sustancias ilegales a la penitenciaría de Boulogne Sur Mer (43 gramos de cocaína y 356 de marihuana) y quedó a disposición de la Justicia inmediatamente.

Un año después, el viernes 10 de enero de este año, otro penitenciario fue detectando en su ingreso al penal de San Felipe con medio kilo de marihuana y 40.620 pesos en efectivo. Por la cantidad de la sustancia que transportaba oculta en la cintura, los investigadores entendieron que la droga estaba destinada a los internos para su comercialización.

Otro de los casos de mayor repercusión de los últimos años, también informado por este diario, ocurrió el 26 de abril del año pasado e involucró a un grupo de presos que pasan sus días de encierro condenados a la pena máxima, prisión perpetua, en el complejo Penitenciario III, Almafuerte.

Poco más de un mes después, hubo un allanamiento en una celda que sirvió para terminar de confirmar la teoría sobre la comercialización de drogas entre internos, siempre con penitenciarios sospechados de mirar para otro lado.

A fines de abril, llegó un remisero para hacer entrega de bolsas de cemento al módulo 2, ala 1, de máxima seguridad. Un grupo de reos había conseguido autorización para ingresar material de construcción con la idea de hacer un vivero y una de las bolsas se quebró, luego de que pasaran el primer control. En su interior había casi dos kilos de marihuana.

Gracias a esto, hubo requisas en las celdas con el paso de los días: hallaron tarjetas sim, troqueles de LSD (más de 200) y elementos para el fraccionamiento de la droga. Todos los sospechosos deberán sentarse en el banquillo de los acusados de los Tribunales Federales porque así se resolvió este año.

El negocio del comercio de drogas en los penales del país no es una novedad. Se viene investigando a grupos organizados de policías o penitenciarios que hacen fortunas permitiendo el ingreso de cocaína, marihuana y LSD a los establecimientos carcelarios de todo el territorio.

El uso de teléfonos celulares potenció el negocio gracias a algunas aplicaciones como WhatsApp, Telegram y MercadoPago. La comunicación es instantánea debido al uso de datos y, muchas veces, resulta complicado interceptarlas para conocer el movimiento de los reos. Mendoza no es la excepción al problema.

“En la cárcel hay graves problemas de consumo de drogas y alguien tiene que abastecer a los internos. Adonde se apunta es a los penitenciarios, porque el ingreso de sustancias puede generar miles de pesos en ganancias para ellos”, sentenció un investigador consultado por el tema.