¡La democracia está en peligro!

La mejor garantía contra el abuso de poder es un sistema organizado en base a la división de poderes, en las que se logre combinar las fuerzas, ordenarlas, templarlas, darles un contrapeso, un lastre que las equilibre para ponerlas en estado de resistir unas a otras.

Frecuentemente los hombres investidos de autoridad propenden a abusar de ella y no se detiene hasta que encuentran límites. Enseñaba Montesquieu que el poder requiere de límites, es decir, de control. Para que no se pueda abusar del poder es necesario que el poder contenga al poder. Es este el fundamento de su teoría de la separación de poderes, basada en la existencia de tres poderes, los que deben ser ejercidos por diferentes órganos y por distintos ocupantes (control mutuo). Si dos o más poderes se reúnen en la misma persona o cuerpo no hay libertad sino despotismo, existiría el riesgo de que las leyes sean tiránicas e injustas, con tintes de arbitrariedad. Para que el gobierno sea moderado se requiere que no haya abuso de poder, y esto se logra cuando el poder es distribuido.

Bobbio resumen de manera meridiana estos conceptos con palabras sencillas, señalando que “el poder debe ser distribuido de manera que el poder supremo sea el efecto de una sabia disposición de equilibrio entre diferentes poderes parciales, y no esté concentrado en las manos de uno solo”.

Estas enseñanzas tan básicas de un sistema republicano han sido despreciadas, una vez más, por parte del partido nacional gobernante. Los ciudadanos argentinos hemos sido testigos en estos días del constante atropello a la república llevado a cabo por diversos actores del oficialismo mediante la ya constante amenaza de juicio político a los integrantes de la Corte por tener la “osadía” de intentar establecer contrapesos a sus caprichos. En esta ocasión, como consecuencia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó suspender elecciones para cargos ejecutivos en las provincias de Tucumán y San Juan. Y lo hizo de manera acertada, ya que a pesar de que el art. 5 y 123 de la Constitución Nacional otorgan a las provincias autonomía, la misma no es absoluta, ya que las constituciones provinciales deben dictarse bajo el sistema republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la constitución nacional.

Estos ataques a la república no son novedad. A comienzos del siglo XXI hemos sido testigos en Latinoamérica, del surgimiento de nuevos tipos de regímenes; generalmente encabezados por gobiernos populistas. Estos gobiernos tienen como rasgo determinante el intento de refundar el régimen político (en varios casos instalando o intentando instalar nuevas constituciones) alejándose del modelo de democracia liberal republicana. Donde bajo el pretexto populista de que a los jueces “no los elige el pueblo” los mismos no deberían inmiscuirse a través de sus sentencias en asuntos políticos ya que no estarían, según ellos, legitimados por la bendición del pueblo. Y es así como se va vulnerando los sistemas y mecanismo de control. La colonización o reforma de Justicia es un paso clave de estos regímenes, ya que son el último escollo para romper definitivamente los sistemas republicanos.

La democracia y la república están en peligro cuando no funciona los resortes del Estado de derecho. Existe peligro cuando uno de los poderes del Estado cree que los demás poderes deben ser sumisos y someterse a sus designios. Es por ello que siempre serán bienvenidos los fallos judiciales, pongan límites a los atropellos contra la república y defiendan la constitución cada vez que padezca trasgresiones.

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(*) El autor es profesor titular de Derecho Público Argentino y Derecho Internacional Público. Universidad de Mendoza, Argentina.