El Gobierno nacional va a la Corte Suprema contra la Reforma constitucional de Jujuy

El presidente Alberto Fernández instruyó al ministro de Justicia Martín Soria que presente una acción de inconstitucionalidad contra tres artículos, entre ellos, el que prohibe los cortes de ruta.

El Ministerio de Justicia de la Nación presentará este viernes en la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Reforma de la Constitución impulsada por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy.

La presentación fue adelantada por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, que sostuvo que la medida es por instrucción de Alberto Fernández y explicó que el presidente “sigue de cerca la situación en Jujuy“.

En la presentación, la Nación indica que “la Constitución provincial, en los aspectos que son objeto de crítica en el presente, violan gravemente derechos humanos consagrados por nuestra Constitución Nacional y Tratados internacionales en los que la Nación es parte, comprometiendo en grado sumo la responsabilidad internacional del Estado Nacional“.

El propio Fernández había adelantado días atrás en conferencia de prensa que accionarían contra la iniciativa que tuvo el respaldo de la Legislatura jujeña, pero que generó enfrentamientos en las calle de la capital norteña.

La acción de inconstitucionalidad será contra los artículos 67 inciso 4, 94 y 95 de la nueva Carta Magna.

El artículo 67 prohibe los cortes de ruta. Morales defendió este agregado en la reforma al señalar que “es una convicción” y defendió en su totalidad la nueva norma.

Por el contrario, la acción que presentará el ministro Martín Soria hace hincapié en que “la Provincia de Jujuy comete abuso, cuando al introducir la nueva redacción del art. 67, infringe la Constitución Nacional y pactos internacionales en ella incluidos“, según informó Infobae.

En los fundamentos de la Casa Rosada, la prohibición generará la criminalización de la protesta social.

“Podemos asumir que cuanto mayor sea la afectación a un sector determinado mayor será el volumen de la protesta y excederá cualquier poder de limitación. Y se contará con una herramienta legal que, claramente, tiende a la criminalización de la protesta“, señala el escrito oficial.

Por ello, desde el Gobierno entienden que “quebranta la razonabilidad que debe caracterizar a toda norma jurídica”, lo que lleva a “una cuestión de altísima gravedad institucional”.

Con información de Infobae y La Nación.