Piden prisión preventiva para implicados en caso la “purga”, una trama corrupta

La Fiscalía investiga una red de corrupción en la que funcionarios judiciales se valían de sus cargos para beneficiar a delincuentes a cambio de dinero.

La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó prisión preventiva para once de los 12 detenidos en el país sudamericano por su presunta vinculación a una trama de corrupción que involucra a políticos, jueces y narcotraficantes, en el caso conocido como “purga” y que busca dar un golpe a lo que Salazar ha llamado como la “narcopolítica”.

La audiencia de formulación de cargos se inició ayer lunes, en la que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, Javier de la Cadena, declaró que las 12 detenciones realizadas en la madrugada del 4 de marzo, en las provincias de Guayas y Pichincha, fueron legales. A los 12 sospechosos se les procesa por delincuencia organizada. Salazar también pidió arresto domiciliario para uno de los procesados por ser mayor de 71 años.

La audiencia se prolongó desde las 11:00 pm del lunes hasta casi las 7 am de este martes, cuando el juez De la Cadena declaró un receso. Dijo que se reanudaría esta tarde, a las 4:00 pm.

En concreto, la Fiscalía ecuatoriana investiga a una red de corrupción en la que los detenidos -jueces, exlegisladores, fiscales y funcionarios judiciales- se valían de sus cargos y relaciones para beneficiar judicialmente a delincuentes como el líder de la banda Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito.

Entre los procesados están el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, Fabiola Gallardo y el juez Johan Mafertán (este último es procesado también en otro caso de corrupción llamado Metástasis). A estas tres personas, la fiscal Salazar los señaló como autores del delito de delincuencia organizada. Al resto de los detenidos -cinco jueces, una procuradora, un funcionario judicial y la esposa y el primo de Pablo Muentes- se les investigará como colaboradores.

La fiscal Salazar afirmó que Muentes era el “líder del grupo criminal”, lo que lo benefició con acciones judiciales para ganar, de manera irregular, una millonaria demanda contra el Banco del Pacífico, por la cual la entidad financiera pagó casi $ 4 millones al exlegislador.

En las investigaciones, fueron extraídas unas conversaciones del teléfono celular de quien era la directora de Comunicación de la Corte Provincial de Guayas, Mayra Salazar (también vinculada al caso Metástasis), y que tenía una relación con el narcotraficante Leandro Norero. La jueza Gallardo le pagó a Mayra Salazar $2.500 para que hiciera labores de relacionista pública para promocionar su imagen cuando buscaba la jefatura de la Corte de Guayas. Posteriormente, ese pago fue asumido por Muentes.

De acuerdo a la prensa ecuatoriana, el trabajo de Mayra Salazar era manipular a los funcionarios de la Corte Provincial del Guayas para favorecer a personas alrededor de la estructura criminal de Muentes, Gallardo y Marfetán.

La fiscal Salazar dijo que fue la propia jueza Fabiola Gallardo quien se acercó a alias Fito para obtener un beneficio económico a cambio de una decisión favorable en un proceso de apelación que mantenía el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

Depuración
Salazar indicó que sobre los detenidos recaen sospechas de que “han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano”.

“Nadie está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos. Asimismo, la justicia, debe concretar y detallar sus acusaciones y pruebas”, expresó por la red social X el PSC.

El Consejo de la Judicatura (rector de la justicia) de Guayas señaló en un comunicado que brindará “facilidades para el avance de las investigaciones, sin descartar posibles acciones disciplinarias” contra sus funcionarios.

El caso Purga “le da continuidad a la depuración que requiere el país en este momento”, dijo Salazar en un video divulgado por la Fiscalía, añadiendo que “continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del Estado”.

“Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses”, expresó la fiscal, quien denunció que ha sido amenazada por mafiosos.