La Corte Suprema es un problema de la política
Mucho se debate acerca de si habrá o no designación por decreto en la Corte Suprema. Es un tema la política, no del Poder Judicial.
Muchas especulaciones acerca de cómo reaccionaría la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante cualquier decisión del Ejecutivo Nacional para integrar 2 jueces al colectivo con vacantes por cubrir. Sin embargo, la certeza dominante es que lo que suceda es una cuestión entre el Ejecutivo y el Legislativo, o sea un tema de la agenda política.
Resulta una convicción en la cúpula del Poder Judicial de la Nación, igual que la conclusión de que quien comprende mejor el escenario es Sebastián Amerio, secretario de Justicia de la Nación, pero no es él quien define la estrategia de la Casa Rosada. Él sólo ejecuta las órdenes que recibe.
Y en la política crece un consenso: el presidente Javier Milei se está convirtiendo en esclavo del decreto que aún no firmó. El asunto se gestiona de tal manera que si el Jefe de Estado posterga su decisión muchos lo interpretarán como una exhibición de debilidad, no de prudencia. Los mensajes desde la Corte Suprema insisten en que las leyes requieren una decisión de la política. Los magistrados interpretan la Constitución y las leyes. Abandonar esta frontera sí sería debilidad.
Desde que el Poder Ejecutivo inició su proyecto acerca de completar la CSJN, la cuestión fue de la política, no del Poder Judicial.
La propuesta de Ariel Lijo, por Ricardo Lorenzetti al presidente Javier Milei o un ‘alter ego’, no fue una acción que involucrara a la CSJN y sí resultó una negociación política subterránea. La propuesta a Manuel García Mansilla se la hizo Santiago Caputo, un influyente protagonista del Gobierno que no está en el organigrama ni en los decretos ni resoluciones. También fue política.
Luego, los vaivenes para que Milei no se enemistara con Mauricio Macri, quien objetó a Lijo, también fue un capítulo político. Las declaraciones del presidente Javier Milei acerca de que él presentó los pliegos con los nombres de Lijo y García Mansilla pero que luego había que esperar la respuesta del Senado, también reveló la existencia de negociaciones / presiones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ariel Lijo consiguió 9 firmas en negociaciones políticas y el pliego de Garcia-Mansilla tiene 6 firmas pero le faltan 3 para salir de la Comisión de Acuerdos hacia el pleno del Senado. Requiere de negociaciones políticas. También la aceptación o el rechazo de una ampliación de la Corte Suprema de 5 a 7 ministros sería una decisión política. Si Cristina Fernández de Kirchner envía interlocutores tales como Juan Martín Mena, Eduardo de Pedro y otros, no es una cuestión del ámbito del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué la Casa Rosada filtra que quiere conocer cómo reaccionaría la mayoría de la Corte Suprema? ¿Es una forma de resolver la indefinición política que parece existir? Todo indica que esto es posible.
