Cambios en salud mental: el Gobierno Nacional simplifica controles en centros para ampliar la red asistencial
La meta es garantizar procedimientos más ágiles y efectivos para habilitar dispositivos que atiendan consumos problemáticos y otros trastornos de salud mental.
El Gobierno nacional modificó los requisitos para habilitar y supervisar centros de salud mental y tratamientos de adicciones. Se eliminó la consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos para abrir o fiscalizar estos establecimientos. La actualización busca fortalecer la red asistencial mediante la creación de dispositivos comunitarios, en línea con un enfoque que privilegia la inclusión socio-comunitaria y la atención integral de los pacientes.
A través de la resolución 6155/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno implementó nuevos estándares mínimos para la habilitación y supervisión periódica de estos servicios. La norma modifica la resolución 4107/2023, que, según el comunicado oficial, generaba demoras e incluso imposibilitaba habilitaciones debido a la obligatoriedad de consultar a la Secretaría de Derechos Humanos.
Ajustes en las normas para agilizar habilitaciones
La medida tiene un trasfondo sensible, ya que responde a antecedentes de malas prácticas en algunos centros de rehabilitación. Casos como el de «La Razón de Vivir» en Florencio Varela, donde se descubrieron pacientes en condiciones inhumanas, han marcado la necesidad de reforzar los controles y garantizar estándares de calidad y derechos en los tratamientos.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, esta actualización también responde a los principios de simplificación administrativa y buena gestión contemplados en la Ley N° 27.742. La meta es garantizar procedimientos más ágiles y efectivos para habilitar dispositivos que atiendan consumos problemáticos y otros trastornos de salud mental.
“Con estos cambios, se fortalece la red de servicios mediante la creación de dispositivos comunitarios, optimizando la continuidad de cuidados y promoviendo externaciones sostenibles”, destacaron desde la cartera sanitaria.
El Gobierno asegura que la nueva normativa promueve accesibilidad, seguridad y calidad en los tratamientos. Además, se busca garantizar derechos como el trato digno y la asistencia interdisciplinaria en un marco que prioriza la calidad y seguridad de los pacientes, conforme a las normativas vigentes.
