El Parlamento ecuatoriano suma apoyo a denuncia de padres de menores desaparecidos

El Parlamento unicameral ecuatoriano presentó este 22 de diciembre un recurso de ‘amicus curiae’ (amigos de la corte) a favor del proceso de denuncia iniciado por los padres de los cuatro menores desaparecidos desde el 8 de diciembre de 2024 en la ciudad de Guayaquil, en un hecho donde fueron implicados efectivos militares.
“Esta acción pretende que las autoridades competentes realicen un proceso de investigación eficaz que permita localizar con vida y a salvo a los menores de edad”, precisó el Legislativo en un comunicado oficial difundido en su red social X.
Con ello, la Asamblea Nacional se suma a la acción de habeas corpus solicitada por los padres de los hermanos Josué Didier Arroyo Bustos (14 años) e Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15 años), y de Steven Gerald Medina Lajones (11 años) y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15 años).
Este recurso de los padres busca proteger la libertad personal de quien ha sido privado de libertad de manera ilegal o arbitraria.
Según la denuncia, los menores fueron interceptados por presuntos militares en el contexto de un operativo antidelincuencial en su ciudad de residencia, tras lo cual uno de ellos se comunicó con su papá para pedirle que los rescatara y también para informarle que habían sido golpeados por sus captores.
Este 23 de diciembre, el Legislativo convocó a una sesión plenaria, por vía virtual, para abordar el caso y pronunciarse, para lo cual fueron convocados el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, y altos mandos militares.
Entre quienes deberán comparecer en esta sesión están el defensor del Pueblo, César Marcel Córdova, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Celiano Cevallos, para que informen sobre los sucesos acaecidos y el avance de las pesquisas.

Sin embargo, en una alocución al país el 21 de diciembre, el ministro Loffredo rechazó que el caso de los cuatro menores cuyo paradero se desconoce sea calificado como “desaparición forzada” y que se pretenda vincular a las Fuerzas Armadas con grupos delincuenciales.
“Calificar desde lo político este lamentable hecho como una desaparición forzada es hacerle el juego al crimen organizado y las mafias”, dijo el ministro en una alocución televisiva conjunta, en medio de la conmoción ciudadana por este caso.
En tanto, el jefe del comando conjunto de las FFAA, Jaime Vela, descartó cualquier participación de la fuerza pública en el hecho, aunque adelantó que se ha conformado el tribunal de disciplina militar para determinar responsabilidades dentro de las leyes y reglamentos militares.
El comandante policial Zárate señaló que la Fiscalía es quien dirige la investigación, la cual tiene el carácter de reservada, y ratificó que se han colocado todas las “capacidades investigativas para resolver el presente caso”. Según anunció el 21 de diciembre la Fiscalía General del Estado, esta investigación fue trasladada a Quito y estará a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza.