Líder originario de Perú advierte que el presidente Castillo fue víctima de “golpe racista”

El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue víctima de un “golpe racista”, aseguró a Sputnik el líder político originario Walter Aduviri Calisaya, exgobernador de la provincia andina de Puno. Agregó que la situación que vive el país a un problema que viene de “antaño” en Perú, que es la discriminación.
“El racismo ha calado fuerte con la llegada del profesor Castillo a la presidencia de la República. En 200 años nunca había llegado un personaje con esas características de profesor rural, de padres agricultores. (…) lo han incluso catalogado de terrorista y desde que inició su Gobierno, la derecha peruana ha actuado en su contra de manera permanente (…) es un golpe racista en contra de Castillo”, afirmó Aduviri a esta agencia.

Considerado el “Evo Morales peruano”, Aduviri achacó la situación que vive el país a un problema que viene de “antaño” en Perú, que es el racismo y la discriminación.
“Nosotros somos distintas culturas, nacionalidades, que somos parte de este país, dentro de estas culturas hay aymaras, quechuas, migrantes, entre otros. Ese es el Perú verdadero y lamentablemente un sector de la población no quería reconocer la diversidad de nacionalidades. Creen que nosotros nunca hemos tenido propiedades, territorios, cuando somos los verdaderos dueños de nuestros recursos naturales”, agregó.

Aduviri recordó que Castillo fue cuestionado por armar su gabinete ministerial sin “cumplir los requisitos”, pero aseguró que los anteriores gobernantes hacían lo mismo y nunca los cuestionaron.
“Muchos de ellos no cumplían perfiles, ni siquiera eran profesionales, pero eran los mejores por el hecho de que pudieran tener una etnia blanca, creen con que basta con ser parte del poder económico, intendente, gerente de una empresa transnacional, para ser los iluminados. (…) Ese sistema racista arrastró al Gobierno del profesor Pedro Castillo”, afirmó.
La justicia peruana determinó la prisión preliminar de Castillo por un plazo de siete días, tras acusarlo del delito de rebelión, por anunciar en un mensaje a la nación que disolvía el Congreso y establecía un “gobierno de excepción”.
La medida, rechazada por gran parte de su gabinete, fue tomada antes de una sesión prevista en que el Congreso iba a votar sobre la destitución del mandatario.
El Legislativo igualmente realizó la sesión y por abrumadora mayoría votó a favor de poner fin al Gobierno de Castillo, iniciado en 2021 y marcado por sucesivos intentos parlamentarios y judiciales por destituirlo.
El 12 de diciembre, los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México criticaron el proceso por el que el expresidente Castillo (2021-2022) fue removido de su cargo y detenido, e instaron a las autoridades del país andino a que prioricen la voluntad ciudadana que se expresó en las urnas.
Acorralado
Aduviri recalcó que se le han vulnerado los derechos a Castillo, quien se vio “acorralado” y aseguró que el Congreso no cumplió las resoluciones legales para vacarlo.
“Cuando fue secuestrado el hermano Castillo, la población ha salido a las calles, hermanos de a pie, hermanos del Perú profundo, no la gente de plata, que tiene condiciones muy buenas, (…) en consecuencia, lo que piden es que se respeten sus derechos. (…) Creen que por racismo y discriminación vamos a tener miedo. Está bien que puedan tener plata, poder político, la administración de justicia. Pero cuestionamos de manera radical y firmemente cualquier tipo de racismo y discriminación de parte de estos políticos neoliberales”, agregó el líder aymara.
Consideró que anteriores líderes políticos de Perú han “sido corruptos”, por lo que la oposición y los medios de comunicación no tienen “autoridad moral” para criticar a Castillo.
“Tremendos corruptos que han sido estos señores, no tienen la mínima autoridad moral para decir que Castillo haya sido corrupto. No hay ningún medio probatorio, solo hay escenas mediáticas. Los medios de comunicación de Perú siempre han apoyado a los gobiernos neoliberales. (…) los medios de comunicación han sido testigo de estos actos de corrupción y se han callado”, afirmó.

Por último, Anduviri consideró que Dina Boluarte, nombrada por el Congreso, es una presidenta de “facto” y afirmó que la población originaria sigue reconociendo a Castillo como su mandatario.
“Fue rápidamente juramentada por el Congreso (…) es una dictadura porque a la fecha tiene siete muertos. Pido su renuncia inmediata, que se vaya a su casa”, indicó.
Siendo gobernador de Puna, Anduviri estuvo detenido del 25 de agosto de 2019 hasta el 11 de diciembre de 2020 tras ser sindicado como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en el Caso Aymarazo, una protesta contra una minera canadiense efectuada en 2021.
El conflicto se desencadenó porque el Gobierno emitió un decreto que exceptuaba a la minera canadiense de la prohibición constitucional de ejecutar proyectos mineros a menos de 50 kilómetros de una zona fronteriza, y Puno colinda con Bolivia.