El Gobierno endureció los controles a presos de alto riesgo y limita las visitas
A través de la Resolución 153/2025, el Gobierno aplicó medidas más estrictas en cárceles federales para evitar la transmisión de órdenes delictivas.
El gobierno a través del Ministerio de Seguridad impuso nuevas restricciones para los presos de alto riesgo en cárceles federales. Desde ahora, no podrán tener contacto físico con sus visitas. La decisión busca frenar el uso de familiares y abogados para enviar órdenes a organizaciones delictivas. La medida se formalizó este miércoles mediante la Resolución 153/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Desde la cartera de Patricia Bullrich, explicaron que detectaron una nueva maniobra en las cárceles. Algunos internos usaban las visitas para coordinar delitos. En el último año, las fuerzas de seguridad detuvieron a once personas—nueve familiares y dos abogados—por transmitir información clave para extorsiones, amenazas e incendios.
Un caso reciente aceleró la decisión
La semana pasada, un preso de alto riesgo intentó entregar una nota a su madre durante una visita. El mensaje contenía instrucciones para cometer delitos y provocar más muertes, según fuentes oficiales. Agentes penitenciarios lo interceptaron y retuvieron a la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia.
Las autoridades afirmaron que estos controles buscan desarticular mafias carcelarias. Además, señalaron que las restricciones responden a compromisos internacionales en la lucha contra el crimen organizado.
Las nuevas restricciones
El Sistema de Alto Riesgo, vigente hace un año, ya había limitado la comunicación de estos internos. Sin embargo, el Gobierno decidió endurecer las condiciones de visita. Ahora, las reuniones con familiares y abogados estarán aún más controladas.
El objetivo es impedir que los presos operen desde prisión. Por ello, reducirán al máximo la posibilidad de transmitir órdenes delictivas.
Compromiso con la seguridad
Fuentes oficiales remarcaron que estas medidas buscan blindar el sistema penitenciario y frenar el accionar de organizaciones criminales desde las cárceles. “La lucha contra el crimen organizado exige respuestas concretas y eficaces”, aseguraron en el Ministerio de Seguridad.
La nueva normativa rige desde hoy en todas las cárceles federales que albergan presos de alto riesgo.