La Sociedad Rural se sumó al rechazo por la cesión de tierras a mapuches en Mendoza: “La propiedad privada no se negocia”
Lo aseguró Nicolás Pino, presidente de la entidad, quien se mostró preocupado por el aumento de casos de avance sobre la propiedad privada.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, se sumó a los rechazos por la cesión de tierras a mapuches en Mendoza.
“La propiedad privada, como todo derecho, debe ser garantizado y no se negocia, y eso también sucede con la propiedad pública. Es por eso que la Sociedad Rural continuará alzando su voz en cada ocasión en que un productor se vea afectado”, aseguró.
En relación a la problemática de Mendoza, Nicolás Pino, señaló: “Esta semana o en estos días no solamente hubo amenazas en la propiedad privada sino en la propiedad pública. Nos encontramos con que el Gobierno le entrega no se cuántos miles de hectáreas en la provincia de Mendoza a estos señores que demostrándose en el nombre mapuche, se apoderan de cosas que no son de ellos. Estos señores son argentinos y como argentinos les tiene que caber la ley, igual que a cada uno de nosotros. No dejemos pasar esto”.
Y a todo esto, se preguntó: “¿Por qué el Estado cede a algunos lo que es de todos?”.
El hecho que generó polémica
El Gobierno decidió otorgarle más hectáreas a la comunidad Mapuche en la provincia de Mendoza. Lo hizo a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Es así que se reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” de 4.477 hectáreas por parte de la comunidad Lof Limay Kurref luego de hacer un relevamiento técnico, jurídico y catastral.
El INAI argumentó su decisión amparándose en el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que señala que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley”.
“El Estado Nacional en el marco de sus Políticas Públicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”, añadió el Instituto.
