Efecto Rosario: qué pasa en Mendoza con los celulares en las cárceles y el avance del narcotráfico

Desde el Ministerio Público Fiscal aseguran que no debería haber dispositivos móviles en manos de los internos y que se tienen que buscar alternativas. En tanto, el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento sostuvo que los datos sobre delitos que se planean desde las cárceles no son confiables y aseguró que quitar los celulares a los presos “no resuelve el tema”.

La crítica situación de inseguridad y avance del narcotráfico en la ciudad de Rosario, en conjunto con las medidas tomadas por la provincia de Santa Fe y el Gobierno Nacional, ha tenido impacto en el resto de las jurisdicciones del país. Uno de ellos es el tema del permiso de uso de los celulares en las cárceles, desde donde diversos informes del Ministerio Público Fiscal santafesino aseguran no sólo que los jefes de bandas de narcotráfico que están presos actúan desde las cárceles para avanzar en delitos en conjunto con el resto de los integrantes que está en libertad; sino que los porcentajes de estos delitos y atentados mediante este modus operandi ha estado en constante crecimiento.

En Mendoza hay posiciones encontradas respecto a este tema, en el cual está habilitado el uso de los dispositivos móviles para los internos al menos hasta que termine la emergencia sanitaria por el coronavirus, que está vigente hasta diciembre de este 2023.

De hecho, hubo una audiencia a fines de año en el cual se debatió entre todos los organismos del Estado y particularmente del Poder Judicial, y se resolvió -con rechazo del Ministerio Público Fiscal- que persistiese la medida hasta fin de año, teniendo en cuenta que las visitas de familiares de presos al penal se dilató de 7 a 14 días, por consecuencias de la pandemia.

Quien se pronunció en contra de esta medida fue Alejandro Gullé, jefe de los fiscales en Mendoza y presidente del Consejo Nacional de Procuradores. “Lo primero que se hace mal es permitirles tener teléfonos celulares, igual que acá, en todo el país hay una lucha. Hay miles de denuncias que se generan desde las cárceles”, comentó a Radio Mitre Mendoza.

El Procurador indicó que “se los dieron cuando comenzó la pandemia y por la imposibilidad de las visitas; y ahora está costando horrores sacarlos, lo peor es que desde ahí crean perfiles falsos, ofrecen productos a precios económicos, citan a las víctimas y por supuesto que les avisan a sus cómplices para que vayan y asalten a esa víctimas”.

El Jefe de los Fiscales, Alejandro Gullé; y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino.

“Lo que hay que hacer es un control muy grande. Esto vamos a tener que legislarlo y animarnos a cortar el circuito del celular; hay que pedir a las compañías de teléfono que pongan cuatro o cinco líneas fijas por pabellón y que se puedan comunicar con sus familias, que tengan visitas, pero basta de teléfonos celulares”, acotó.

En tanto, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, tuvo una posición contraria a la de Gullé. También en diálogo con Mitre, sostuvo que quitar los celulares a los presos “no resuelve el tema”.

El magistrado recordó la audiencia de diciembre y sostuvo que se realizó un relevamiento sobre líneas fijas en los penales “y en ninguna de las cárceles estaba activa”. De igual manera opinó que con telefonía fija “también pueden llamar y hacer negocios o amenazas”.

Además, agregó que “se ha tenido en consideración los beneficios que ha traído el uso de la telefonía celular a partir de una pacificación en el contexto carcelario y una revinculación con sus familiares”. También agregó que el “hay control” por parte de los penitenciarios, y añadió que “está prohibido el uso de redes sociales”.

“Hay que entender que eliminar los teléfonos celulares de las cárceles no resuelve el tema. El tema es complejo, la tenencia de celulares existe desde antaño y lo mejor que se puede hacer es regular las circunstancias sabiendo quién es dueño de cada teléfono; y si hay uno no declarado -que es desde donde se delinque- se sanciona”.

Sarmiento también defendió la “necesidad de comunicación y de prevención delictual, que se tiene que compatibilizar”. “Yo diría, ¿por qué no tratamos de trabajar en mejoras de inteligencias para prevención del delito? ¿por qué no damos medidas alternativas?”, se preguntó.

Por otro lado, cuestionó los datos y porcentajes que dan sobre el aumento de delitos por el uso de celulares en las cárceles, sobre el cuel dijo que “no es real que el 80% de los delitos son cometidos desde las cárceles. No hay estadísticas que puedan comprobar eso, lo único que se comparó fueron las denuncias por pérdidas o robos de celulares dentro de la cárcel”.

Sebastián Sarmiento, juez de Ejecución Penal.

“La situación de inseguridad no se vincula estrictamente a lo que pasa en la cárcel, se vincula con la falta de infraestructura, con la falta de escuelas dentro del contexto carcelario, con la falta de capacitación del trabajo, con una falta de políticas pos penitenciarias”, comentó, y también habló sobre hacinamiento en los penales mendocinos: “Tenemos un 21% de sobrepoblación, con 1.300 internos durmiendo en el piso. Estamos al borde de las sanciones de organismos internacionales”.

Con respecto a los controles sobre el ingreso de celulares o chips de contrabando, Alejandro Orellana, director del Servicio Penitenciario, dijo a Radio Mitre que “es muy difícil controlar la entrada de un chip”. “Hoy no se busca un teléfono, se busca un arma chica. Toda persona que ingresa a la cárcel es potencial ingresador de elementos prohibidos”.

“En un principio funcionó correctamente el tema del celular, pero la dinámica hace que hoy en día la telefonía esté trayendo inconvenientes en personas que lo usan de manera incorrecta a través de estafas, obviamente que no con el teléfono declarado. El problema son los dispositivos ilegales”, mencionó.

En este sentido, consideró que la quita de los celulares “puede traer inconvenientes” pero que “la tecnología se combate con tecnología, no con ideología. Los inhibidores son tecnología posible en cuanto haya una ley y si bien hay legislación, lo que no acompaña es la clasificación de las personas. Tiene que haber un hilo entre lo que dice la ley, lo que el juez manda a hacer cumplir y lo que nosotros podemos trabajar”.

NARCOTRÁFICO EN MENDOZA
Respecto al narcotráfico, Gullé admitió que sí hay narcotráfico en Mendoza, “pero estamos muy lejos de lo que pasa en Rosario”, consideró, y marcó que acá “se requiere una acción coordinada y sostenida en el tiempo”.

“No nos damos cuenta la capacidad de corromper que tiene el narcotráfico y que en más de una ocasión se ha llevado a la instalación de una especie de estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos, que si no se neutraliza y si no tomamos el toro por las astas definitivamente nos van a pasar por arriba”.

No obstante, de acuerdo a la situación en la que se encuentra en Mendoza, marcó: “hay narcotráfico en Mendoza, estamos muy lejos de lo que pasa en Rosario y en los grandes centros donde la droga pasea como nada y donde los narcos se han apoderado de barrios enteros”.

“Acá esto no está ocurriendo. Y estoy seguro que si esto avanzara en esta provincia, nuestros medios legales, procesales y fácticos darían respuestas, lo único que no diríamos es que nos ha vencido el narcotráfico, nadie se puede dar por vencido en esto. Esto no puede ser una batalla perdida. El Estado tiene elementos suficientes para combatir, lo que pasa es que tiene que haber una decisión política de combatirlo”, consideró.