Abrieron una causa por la visita de libertarios a genocidas y Lourdes Arrieta tendrá custodia
La diputada de La Libertad Avanza por Mendoza, denunció a sus compañeros de bloque, a quienes acusa de haberla llevada engañada a la reunión en Ezeiza con represores condenados por delitos de lesa humanidad. Afirmó que ella y su familia recibieron amenazas
La diputada libertaria mendocina Lourdes Arrieta quedó nuevamente en el centro de la controversia después de denunciar ante la Justicia federal a sus compañeros de bloque por la visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza. A partir de la presentación de la legisladora, el juez Ernesto Kreplak inició una investigación.
Arrieta afirmó que fue engañada para asistir a la prisión, ya que creyó que se trataba de una actividad institucional y no una reunión con genocidas, con el objetivo de promover su salida del penal mediante prisión domiciliaria.
La polémica dirigente de La Libertad Avanza (LLA) en Mendoza, no solo pidió que se investiguen los posibles delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, sino que también pidió protección para ella y su familia. Esto último porque sostuvo que recibieron amenazas desde que se hizo pública la visita.
Arrieta, representada por el abogado Yamil Castro Bianchi, señaló que su vida se ha convertido en un “calvario” desde que se difundieron las imágenes de la reunión, en las que aparece junto a los represores, incluyendo a Alfredo Astiz y otros militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
Es más, las repercusiones del caso revelaron una red de conexiones entre diputados libertarios, funcionarios y abogados conservadores que, según Arrieta, organizaron la visita al penal y están promoviendo un proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a los genocidas condenados.
Entre los implicados, la diputada mendocina menciona al cura Javier Ravasi, conocido por su militancia de derecha, y a varios letrados hijos de represores que cumplen condenas por sus delitos durante la última dictadura cívico-militar.
En su denuncia, Arrieta incluyó capturas de conversaciones de WhatsApp que, según ella, evidencian las presiones para que mantuviera silencio sobre la visita en Ezeiza. Un mensaje en particular, de un usuario llamado Marta, la acusa de “traidora” y la señala como “funcional a la casta”, una etiqueta despectiva utilizada comúnmente en el discurso libertario.
Otro mensaje, atribuido al diputado Beltrán Benedit, a quien la mendocina señala como organizador del encuentro, le advertía sobre las consecuencias de “cortarse sola” y no seguir las directrices del grupo.
Eso no es todo, ya que la situación generó un escándalo en el Congreso, donde Arrieta exigió la creación de una comisión investigadora para esclarecer la responsabilidad de las autoridades en la organización de la visita a los represores.
Así las cosas, Kreplak hizo lugar para que Arrieta se constituya como querellante en el expediente y ordenó una custodia oficial para la mendocina y su familia.