Al cumplirse cinco años del golpe de Estado de 2019 en Bolivia, la tensión política sigue latente

Hace cinco años comenzó el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, que concluyó con 35 personas muertas, de quienes salieron a las calles para exigir respeto a la democracia. Con procesos judiciales que no avanzan y enfrentamientos dentro del partido derrocado, el orden constitucional aún está bajo amenaza, según analistas consultados por Sputnik.
Al cumplirse cinco años del golpe de Estado contra Evo Morales, aún hay pendientes en la justicia, sobre todo para las más de 30 personas que dieron sus vidas en las calles en defensa de la democracia. Analistas y protagonistas de esa gesta consultados por Sputnik evaluaron que el actual contexto político, marcado por el enfrentamiento entre el expresidente y el actual mandatario Luis Arce, configuran un panorama que tiene puntos en común con lo ocurrido en 2019.
Notablemente, ni Morales ni Arce hicieron referencia al golpe del 2019 en sus redes sociales, tampoco en público. Quienes sí usaron estas plataformas para hablar al respecto fueron la expresidenta Áñez (2019-2020) y Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, con licencia debido a su reclusión en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz.
Ambos enfrentan varios procesos por su participación en el golpe de 2019 y los días que le siguieron.
“Soy inocente: Amo a mi país, resisto cada día, lucho por la unidad que erradicará al régimen del MAS (Movimiento Al Socialismo) que nos condena a la división entre bolivianos y al socialismo totalitario y empobrecedor. ¡Viva Bolivia!”, dice parte del mensaje de Áñez, quien en 2022 fue condenada a 10 años de prisión por haberse autoproclamado presidenta el 12 de noviembre de 2019, lo cual constitucionalmente no correspondía porque ella era vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores.

Camacho, por su parte, redactó: “Estamos del lado correcto de la historia y el tiempo de la verdad está llegando, el masismo y sus personajes oscuros ya están de salida, la unidad para empujar a Bolivia por el camino de la democracia y el progreso se está gestando y el fin del masismo está cerca”.
En 2019, Camacho era presidente del Comité Pro Santa Cruz, una institución departamental que reúne a poderes empresariales y políticos locales. En estos días se lo juzga por su participación en el golpe que el 10 de noviembre de 2019 forzó la renuncia del entonces presidente Morales (2006-2019).
El abogado estadounidense Thomas Becker, quien vive parte del año en Bolivia, compartió con Sputnik sus impresiones a cinco años del golpe que le tocó vivir de cerca por su cercanía a organizaciones sociales y de derechos humanos: “Es importante entender que Bolivia ha tenido más golpes de Estado que cualquier país en el mundo. Ha tenido 196 golpes o transiciones no democráticas en los últimos 199 años”, aclaró.

Y agregó: “Es un gran problema, que nos muestra por qué es tan importante procesar a los responsables. Si continúa así, vamos a ver más golpes, más violencia”.
“En mi opinión como abogado de derechos humanos, las víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal todavía no tienen justicia. Me gustaría ver a este Gobierno procesar a los responsables, o vamos a ver más vulneraciones a los derechos humanos”, ahondó.
Los procesos por las masacres de Sacaba (en Cochabamba), Senkata (en la ciudad de El Alto) y El Pedregal (en La Paz) todavía no han avanzado.
En estos hechos fueron asesinadas 35 personas por acción de las Fuerzas Armadas y la Policía, quienes actuaron amparados en el decreto 4078, según el cual ninguno de los uniformados que usara sus armas contra la población tendría que responder ante la justicia ordinaria.
¿Áñez la salvadora?
En su descargo virtual, Áñez resaltó que no había otra opción, que ella debía asumir la presidencia ante la “huida” de Morales y quienes le seguían por sucesión constitucional: “Me expusieron que la línea sucesoria correspondía a la Segunda Vicepresidencia del Senado y sí estaba lista para asumir la responsabilidad histórica que las autoridades renunciantes habían abandonado”, publicó en su cuenta de ex Twitter.
“Asumí mi deber por amor a Bolivia y con fe en Dios y en el pueblo, víctima de la violencia de grupos armados masistas. Asumí mi deber y volvería a hacerlo por la democracia y la libertad”, afirmó en otro mensaje.

Becker consideró que parte de la oposición todavía sostiene esta versión: “Hay mucha resistencia. Hay un tercio del país que no cree que lo pasó fue un golpe. Es importante enfatizar que sí fue un golpe, primero porque todos los que renunciaron lo hicieron bajo presión violenta”.
Pero “todavía hay mucha gente en el país que no entiende que lo que pasó fue un golpe. Por eso hemos visto que los procesos no han avanzado rápidamente, hay muchos obstáculos políticos de la oposición, también del Gobierno”.
La necesaria reunión del MAS
El abogado se manifestó a favor de que haya una solución pacífica al conflicto interno en el MAS, donde se enfrenta una parte leal a Morales y otra que está con el presidente Arce. Por este desacuerdo hubo un bloqueo nacional de 23 días impulsado por los seguidores del expresidente, que dañó políticamente la imagen de ambos líderes.
“Es muy triste que hoy, aniversario del golpe de Estado, Evo y Arce estén en una pelea que complica la situación política del país. Creo que así construyen un espacio para que reaparezcan grupos extremos, grupos fascistas, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) o la Resistencia Juvenil Kochala (RJK), que son grupos paraestatales e ilegales”, mencionó Becker.
Y destacó que estas definiciones “no son de mi opinión, sino que corresponden al análisis de las instituciones de derechos humanos más importantes del mundo”, como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Federación Internacional de los Derechos Humanos y hasta el Gobierno de Estados Unidos, enumeró el abogado.
Presos políticos
Osvaldo Gareca estuvo entre los 1.500 presos políticos procesados durante el Gobierno de Áñez. Muchos de ellos fueron beneficiados con la detención domiciliaria, en el marco de la pandemia de COVID-19 que llegó al país en marzo de 2020.
En 2020, Gareca participó de los grupos que se organizaron para distribuir alimentos en el departamento de Cochabamba mientras el país estaba militarizado, con la orden de no permitir ningún movimiento como estrategia para evitar contagios.
El militante social fue capturado por un grupo especial del Gobierno y fue trasladado a La Paz, donde estuvo tres meses y medio detenido y engrilletado, como si se tratara de la edad media. Fue liberado en octubre de ese año, cuando en elecciones democráticas recuperó el poder el MAS.
“Ya pasaron cinco años de aquellos tiempos, pero para nosotros es como si hubiera pasado recién. Lo recordamos con mucho dolor, pero creemos que es necesario seguir recordando, creemos que en algún momento va a haber justicia”, dijo a Sputnik.

Gareca también estuvo en el puente Huayllani, municipio de Sacaba, aquel 15 de noviembre de 2019, cuando 11 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad: “He visto con mis ojos cómo a mi lado han muerto los compañeros. He visto cómo han acribillado a mis hermanos”.
El sobreviviente expresó que no se sintió apoyado por los organismos del Estado, tampoco una vez recuperada la democracia. Y contó que “todavía me figura en los antecedentes una causa por terrorismo”, como lo acusó la Fiscalía luego de que lo atraparon repartiendo alimentos.