Anuncios de la Casa Blanca encienden de emoción a familias mixtas neoyorquinas que esperaban por décadas un camino a la legalización migratoria

 Anuncios de la Casa Blanca encienden de emoción a familias mixtas neoyorquinas que esperaban por décadas un camino a la legalización migratoria

Ésta es la historia de la ‘dreamers’ mexicana Jessica Franco, casada con un estadounidense. Llegó a la Gran Manzana hace 34 años y hasta hace unas horas no tenía una opción clara para obtener su ‘green card’.

La emoción que siente la mexicana Jessica Franco, quien llegó a Nueva York cargada en brazos por su madre, cuando apenas tenía cuatro años de edad luego de haber cruzado la frontera sur, no se puede definir con ninguna palabra.

No es poca cosa.

Los anuncios del plan migratorio de la Casa Blanca de este martes 18 de junio, que abrieron el compás de la legalización para 500,000 indocumentados, incluyen por partida doble a esta inmigrante, que solo conoce a la Gran Manzana como hogar.

Jessica está casada con un estadounidense, con quien tiene tres hijos. Además, está bajo la protección del Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o ‘dreamers’.

Esto significa que esta inmigrante, criada en Brooklyn, está en el grupo de cónyuges indocumentados, casados con ciudadanos estadounidenses, que se les abre el camino hacia su legalización en el país, tras el anuncio de este martes del nuevo alivio migratorio “sin precedentes” del presidente Joe Biden.

“Cuando estaba asistiendo aquí a la escuela secundaria, me sentía perdida y sin esperanzas. Sentía que todas las puertas estaban cerradas. Nueva York es mi casa. Aqui empecé la escuela. Este es el único país que he conocido. Aunque me siento muy orgullosa de mis raíces”, reaccionó la mexicana.

Tras esta noticia, a Jessica se le extienden otros caminos, que la alejan por completo de cualquier pensamiento de separación familiar.

Casada con un detective del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), también de origen mexicano, con una hermosa familia, con el trabajo comunitario como motor de vida y algunos sueños que se detuvieron, ahora esta activista, siente que miles como ella, podrán ver el futuro de otra manera.

“Es una alegría inmensa para muchas familias mixtas como la mía. Es una medida muy justa. De alguna manera, personas como yo, nos acostumbramos a vivir en las sombras”, refirió.

Una historia entre millones
Jessica vino hace más de tres décadas, traída por su madre, y acompañada por su hermano de ocho años. Huyeron de la violencia doméstica. Solo recuerda que llegaron bajo una pertinaz nevada, de allí en adelante solo vino el trabajo duro y por años ninguna opción clara que la llevara a una residencia legal permanente.

“En nuestra historia, al igual que la de millones, hay solo ganas de trabajar y servir. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado formarme como policía de esta ciudad, para que al igual que mi esposo, proteger a los neoyorquinos. Pero, no se pudo, a pesar de haber estado aquí, desde que apenas tenía cuatro años”, compartió emocionada, quien poco recuerda cuando llegó a la Gran Manzana.

Aunque la legislación migratoria vigente, establece que los inmigrantes indocumentados que estén casados con un ciudadano estadounidense, pueden solicitar la residencia permanente legal, a través de su matrimonio, en muchos casos deben salir del país para poder concretar esa solicitud y esperar el proceso en su país de origen. Un procedimiento que llena de miedo a muchos, ante la sombra de la separación familiar. El trámite puede tardar diez años.

El plan de la Administración Biden, para hacer frente a este desafío, crea un nuevo proceso para considerar, caso por caso, las solicitudes de ciertos cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses, que entre otros requisitos, incluye haber estado continuamente en los Estados Unidos, durante al menos 10 años a partir del 17 de junio de 2024, estar legalmente casado con un ciudadano estadounidense hasta esa misma fecha, y no tener antecedentes penales.

Apoyado en una figura conocida como ‘parole’, este permiso otorga a quienes ya están en territorio estadounidense, protección frente a la deportación y les posibilita aplicar a un permiso de trabajo.

Con la tarjeta de autorización de trabajo, la cual tendrá validez por tres años, los migrantes que entraron al país de forma irregular y están casados con ciudadanos estadounidenses, pueden solicitar la residencia y finalmente la ciudadanía.

Se estima que las nuevas políticas impacten de una forma significativa a comunidades mexicanas y ecuatorianas de la ciudad de Nueva York.

Los ‘dreamers’ aspiran más
Para la migrante mexicana Jessica Franco, casada con un estadounidense y además como ‘dreamers’, es un momento no solo de alegría y de celebración, sino apremiante para dar más visibilidad al gran aporte que pueden dar miles de migrantes a este país, que están cercenados, por lo que califica como “hoyos” del sistema migratorio.

“Los soñadores estamos dispuestos a presionar para que se eliminen muchas barreras. Hay muchos puestos vacantes en el sector público que requieren como requisito principal ser ciudadanos. Una barrera injusta que enfrentan centenares de beneficiarios de DACA, que tienen una formación académica de primera línea, una autorización para trabajar y no pueden siquiera pensar en ser oficiales de policía o bomberos”, aseveró la activista.

Esta semana organizaciones como los ‘Dreamers’ de La Colmena, Mixteca, Undocublack Network, la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía (MOIA) y la Oficina de Éxito de Estudiantes Inmigrantes del Brooklyn College, celebraron un foro comunitario destinado a abordar y buscar vías legales para eliminar estas barreras a los empleos en el sector público, específicamente en el Estado de Nueva York.

La vía legal para este nuevo “sueño”, sería pelear por la aprobación de un anteproyecto que ya fue introducido en la Legislatura Estatal, por la senadora Julia Salazar, llamado “We too Serve NY”, el cual tiene como objetivo reformar las leyes de funciones públicas, para permitir que las personas que están legalmente autorizadas para trabajar en el Estados Unidos bajo la ley federal, puedan convertirse en agentes de policía, bomberos, o desempeñar cualquier cargo en la Administración Pública.

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