Comité de la ONU critica “trato racista” de Baréin hacia chiíes

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU expresa su preocupación por el trato racista del régimen de Baréin a la comunidad chií.

En su revisión de 2022, el órgano ha criticado las deficiencias de Baréin en cuestiones clave de derechos humanos, en particular con respecto a la discriminación de facto y de jure.

Al respecto, ha deplorado el historial de derechos humanos de Manama en temas relacionados con el espacio de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, la trata de personas y los trabajadores migrantes, las leyes de nacionalidad y los derechos de sus comunidades chiíes.

El comité ha reconocido la difícil situación de la población local de Baharna y Ayam (en árabe significa el pueblo de origen iraní o en general, no árabes), indígenas locales que se habían establecido en el archipiélago de Baréin mucho antes de la llegada de la familia gobernante, manifestando su preocupación por los informes de discriminación estructural en la ley contra estos residentes.

El CERD ha llamado al régimen de Al Jalifa a que estudie urgentemente el asunto y les permita disfrutar de sus derechos, de acuerdo con los requisitos de la Convención.

Baréin se adhirió al CERD en marzo de 1990 y desde entonces, el comité ha realizado cinco revisiones del país ribereño del Golfo Pérsico, cada vez se muestra que el reinado todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que pueda afirmar haber implementado la Convención y cumplido con las obligaciones asumidas.

“El último informe del CERD solo se suma a la lista de recomendaciones incumplidas sobre Baréin. Nos preguntamos cuánto tiempo le tomará a Baréin reconocer realmente sus crisis de derechos humanos y trabajar para abordarlas”, ha cuestionado Husein Abdulá, director ejecutivo de la organización no gubernamental Americanos por la Democracia y los Derechos Humanos en Baréin (ADHRB, por sus siglas en inglés).

El régimen ha estado criticando duramente las protestas a favor de la democracia que comenzaron en 2011, matando a cientos de personas y encarcelando a miles más. También disolvió el principal partido opositor chií del país, Al-Wefaq.

El reinado ha rechazado constantemente las críticas de las Naciones Unidas y otros organismos de derechos humanos sobre la forma en que lleva a cabo los juicios y las condiciones de detención.