Con aval del Gobierno, eliminan un órgano de control interno de Edemsa

Se trata de un comité creado en 2019, cuando la relación entre el Ejecutivo y la empresa del grupo Vila-Manzano era más tensa. Advierten que “perdió razón de ser” tras el acuerdo de la distribuidora con Cammesa.

Del odio al amor, en cuatro años. Así podría resumirse la fluctuante relación entre el Gobierno provincial y Edemsa, que actualmente pasa por su mejor momento. El último gesto que marca la confianza y buena sintonía fue la decisión de eliminar un órgano de control interno de la principal distribuidora eléctrica, cuya función original era auditar de cerca los negocios relevantes de la empresa.

El comienzo de la historia se remonta a 2019, cuando la convivencia entre el Ejecutivo y la firma controlada por el grupo Vila-Manzano era mucho más compleja, con denuncias cruzadas, deudas y multas, contratos sospechados y auditorías profundas. Una de las principales consecuencias de ese tenso vínculo fue la creación del denominado Comité Ejecutivo, que debía intervenir en “todos aquellos asuntos de gestión de la compañía que por sus implicancias económicas y/o político – empresariales sean de relevancia para la sociedad”.

Ese Comité Ejecutivo, impulsado por el Gobierno y por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), vio la luz en una asamblea general extraordinaria de Edemsa realizada el 2 de agosto de 2019. Fue aprobado por unanimidad, estaba constituido por cinco miembros (tres directores por los accionistas privados, uno por el poder concedente y el restante por los empleados), debía funcionar “como órgano de actuación permanente” y tenía dos grandes objetivos:

• Intervenir en las negociaciones y la firma de todos los acuerdos superiores a 20 millones de pesos (cifra que se actualizaba por inflación), y en los convenios de cualquier monto “cuyo objeto sea igual, similar o vinculado a prestaciones ya contratadas por la sociedad”.
• Evaluar y aprobar “el otorgamiento de anticipos para obras eléctricas que superen el 35% del valor de contraprestación total por la obra y, excepcionalmente, para servicios”.

Con esta medida, que finalmente fue más simbólica que efectiva, el Gobierno prometía llegar al corazón de los negocios Edemsa y marcar presencia en el seno de la empresa. Por ese motivo, por ejemplo, se determinó que el director designado por la Provincia tuviera una oficina en la sede social de la compañía.

Más allá de que los accionistas privados eran mayoría, a través del Comité Ejecutivo el Gobierno podía conocer e intervenir en acuerdos y contratos. Además se estableció que el órgano de control, cuya constitución fue ratificada oficialmente a través del decreto 1933/2019 del Ministerio de Infraestructura, tenía que reunirse al menos dos veces al mes.

El Comité Ejecutivo se conformó luego de la auditoría que detectó presuntas irregularidades, como una serie de contratos cruzados entre Edemsa y otras empresas relacionadas con el grupo Vila-Manzano, que el Gobierno obligó a dar de baja.

Ahora, casi cuatro años después, la situación es muy distinta. Así lo refleja el reciente acuerdo transaccional que le permitió a la distribuidora canjear su reclamo por “ingresos no percibidos” y sus demandas en tribunales locales e internacionales a cambio de la extensión del contrato de concesión hasta 2048, entre otros beneficios.

La empresa aseguraba que por falta de actualización tarifaria dejó de percibir 146.000 millones de pesos entre 2008 y 2023. Si bien el Ejecutivo nunca reconoció ese monto, con el objetivo de “arrancar de cero” su relación con Edemsa, sí accedió a una serie concesiones mutuas no del todo explicitadas.

En esta suerte de “luna de miel”, el Comité Ejecutivo dejó de existir este miércoles. Formalmente, se eliminó el artículo 31 bis del Estatuto Social de Edemsa, que lo había creado. La decisión se votó en una asamblea y también fue unánime.

Fuentes oficiales indicaron que “el Comité Ejecutivo había perdido su razón de ser”. Si bien su objetivo inicial era muy ambicioso, en la práctica tuvo una misión bastante más humilde: auditar aspectos financieros, particularmente la complicada situación con Cammesa, la empresa mayorista que le vende la energía.

Hay que recordar que debido a los atrasos tarifarios, Edemsa comenzó a acumular un importante rojo con Cammesa, que fue creciendo como una bola de nieve hasta alcanzar a fines del año pasado los 11.344 millones de pesos. Gracias a la intervención del Ministerio de Economía de la Nación que comanda Sergio Massa, la principal distribuidora mendocina y empresas de otras provincias que estaban en una situación similar lograron refinanciar la deuda, en condiciones favorables.

“La única función del Comité Ejecutivo era no tener que llamar a una Asamblea General Extraordinaria para analizar cada paso que se daba en la negociación con Cammesa. Por eso, al alcanzar un acuerdo por la deuda, no tiene sentido mantenerlo activo”, admitieron voces del sector privado, que defendieron la medida: “Sostenerlo significaba más burocracia innecesaria”.

Mientras en el EPRE guardan silencio, en el Gobierno coinciden con esa explicación, pese a que en lo formal significa perder presencia en el interior de Edemsa y una vuelta al pasado, cuando a los directores por el Estado les costaba conseguir información sensible sobre el manejo de la empresa. Sin embargo reiteran que el panorama actual es distinto porque “hemos regularizado todo” y que el Comité Ejecutivo “era una herramienta externa que se puede volver a formar si es necesario”.