Destitución de Pedro Castillo sería una “acción golpista sin fundamento jurídico”, según congresista

 Destitución de Pedro Castillo sería una “acción golpista sin fundamento jurídico”, según congresista

La oposición en Perú podría destituir pronto al presidente Pedro Castillo por “traición a la patria”, alertó la congresista oficialista Margot Palacios en diálogo con Sputnik, y sostuvo que en los hechos sería una acción “golpista” porque carece de fundamento jurídico.
“Es muy probable que sea aprobada esta denuncia constitucional en el Congreso de la República y que lo destituyan. Seguramente la semana que viene se va a llamar a la sesión de la Comisión Permanente, se lleve a voto, se apruebe, y luego se pasará el debate al pleno. Ellos [los opositores] tienen los votos. No hay correlación de votos que haga que se evite esto. Estamos hablando de cuestión de semanas”, afirmó contundente Palacios, del partido Perú Libre (izquierda).
En la mañana de este 11 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un informe, elaborado por iniciativa de congresistas opositores, que busca acusar constitucionalmente al mandatario por “traición a la patria”.
El informe recomienda que Castillo sea inhabilitado por cinco años para el ejercicio de la función pública, luego de que en enero expresara, en una entrevista con la cadena estadounidense CNN en Español, su voluntad de dar una salida al mar a Bolivia.
Esta presunta iniciativa violaría la Constitución y constituiría delito de “traición a la patria”, a pesar de que el presidente se desdijo luego de lo expresado en la entrevista con CNN en Español.

Tras la aprobación en la subcomisión, el informe deberá ser votado en la Comisión Permanente —órgano con representantes de todas las bancadas— y, de prosperar, se elevaría al pleno para su votación final.
“Hay votos”
La congresista Palacios indicó que en esta oportunidad la oposición tiene votos suficientes para inhabilitar al mandatario, por lo que es “muy poco probable evitar esta situación”.
“Además, la vicepresidenta [Dina Boluarte] tiene otra denuncia constitucional en esta comisión, por lo que es muy probable que se apruebe. Los golpistas han señalado que primero cae el presidente y segundo la vicepresidenta, y pasaría la sucesión a al presidente del Congreso [José Williams]. Están enfocados en ese camino”, afirmó.
La legisladora sostuvo que la oposición cambió de estrategia para tener posibilidades de inhabilitar al presidente.
“Ellos están yendo por otra figura que es denuncia constitucional. La vacancia [destitución por incapacidad moral] necesita 87 votos. Han tenido dos intentos de vacancia pero no alcanzaron los votos. Con la nueva figura [traición a la patria] necesitan de 66 votos, y esa cantidad la tendrían. Eso le ha permitido censurar a varios ministros de Estado”, agregó.

Sin “ética ni razón”
Palacios sostuvo que los integrantes de la subcomisión actúan de “forma abusiva y autoritaria” e indicó que no está primando “la razón, ética parlamentaria o la ley”.
“Varios constitucionalistas han dicho que a nadie se lo puede criminalizar por su opinión. Lo que ha hecho el presidente es emitir una opinión. No ha actuado en concreto, no ha convocado referéndum ni ha hecho un acuerdo bilateral. Aquí más responde una agenda golpista y se hacen denuncias constitucionales que no tienen fundamento jurídico. Estamos frente a una derecha abusiva y arbitraria y que mediante los votos se impone”, agregó.
Sostuvo que esta situación ocurre en todas las comisiones del Congreso e indicó que la oposición tiene la mayoría para decidir qué proyecto o investigación se aprueba o no.
Consideró que la oposición responde a “intereses empresariales” y no a la mayoría del pueblo peruano.
“Criminalización”
Palacios sostuvo que la oposición tiene “brazos políticos en el Ministerio Público, donde se ve una criminalización y persecución al presidente y líderes de izquierda, como es el secretario del partido de Perú Libre”.
“Se quiere aniquilar a lideres de izquierda para que no tengan ninguna presencia en Perú y en la vida politica. El escenario es bastante malo en las próximas semanas. Hay una guerra jurídica”, denunció.
El lawfare o guerra jurídica consiste en el uso indebido de la Justicia para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, explica el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en un artículo publicado en su página web.

Como ejemplo a esta situación, Palacios recordó que la Constitución no permite que el presidente sea procesado durante su mandato.
“Aquí se le están aperturando varias investigaciones. La Fiscalía tiene siete investigaciones, es inaudito, nunca se había aperturado carpetas fiscales a ningún presidente. Se hacen interpretaciones antojadizas de la Constitución”, afirmó.
Perú atraviesa una grave crisis política que tiene enfrentados al Ejecutivo con el Legislativo, en medio de investigaciones fiscales contra Castillo, algunos de sus familiares, exfuncionarios y empresarios, por presuntos actos de corrupción.
Los indicios de corrupción han provocado que el Parlamento busque destituir al mandatario por una tercera vez, habiéndolo intentado sin éxito dos veces en 2021.

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