El Banco Central amplió su demanda contra Mendoza por inconstitucionalidad de la ley impositiva

Las nuevas autoridades reiteraron además el pedido de una medida cautelar para suspender los efectos de la reforma de la ley tarifaria que rige desde el 2023.

Los abogados del Banco Central de la República Argentina ampliaron la demanda que iniciaron el año pasado contra Mendoza por entender que las leyes impositivas 2023 y 2024 de la provincia son inconstitucionales. A su vez, reiteraron el pedido para que la Corte Suprema de Justicia dicte una medida cautelar urgente para suspender los efectos de las mismas.

La demanda inicial cuestionaba una reforma del artículo 189 del Código Fiscal de Mendoza por la que “los ingresos provenientes de toda operación sobre… títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco Central de la República Argentina” quedaban gravados por Ingresos Brutos.

Los representantes del BCRA explicaron ahora ante la Corte Suprema de Justicia, que entiende en el caso, que aquella pretensión deducida en 2023 abarcaba también de la nueva normativa vigente en Mendoza, votada por la Legislatura en noviembre pasado junto a la Ley de Presupuesto, dado que el artículo de fines del 2022 permaneció tal cual en la nueva ley tarifaria.

La demanda del Banco Central contra Mendoza por el gravamen a los títulos que emita sigue su curso en la Corte.

Medida cautelar contra las leyes impositivas de Mendoza
En el escrito presentado en febrero en la causa que entró de manera originaria en la Corte, los abogados del Banco Central -que a pesar del cambio de autoridades permanecen en el cuerpo legal de la institución- pidieron que el tribunal disponga “la inmediata suspensión de los efectos de la normativa cuestionada”.

Argumentaron el pedido “en mérito a la máxima gravedad institucional de las situaciones planteadas” y solicitaron que, además, Mendoza se abstenga de “llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el gravamen en cuestión” hasta que haya sentencia definitiva.

Qué es lo que el Banco Central considera inconstitucional
En la ley impositiva del 2023, votada a fines del año anterior, el Gobierno de Mendoza introdujo una modificación en el artículo 189 inciso 8 del Código Fiscal provincial, y eliminó la exención del impuesto Ingresos Brutos de los títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco Central de la República Argentina.

Conocida esta reforma, el Banco Central interpuso una demanda declarativa de certeza e inconstitucionalidad contra esa ley Nº 9432 considerando que esa decisión provincial “interfiere en una actividad reglada por el BCRA, afectando la estabilidad monetaria y financiera del país”.

Puntualmente, el pedido es que Mendoza haga cesar el estado de incertidumbre, y se declare la inconstitucionalidad de las normas “en la medida que interfiere en una actividad reglada por el BCRA, afectando la estabilidad monetaria y financiera del país”.

Lo que cree el Banco Central es que como la normativa provincial alcanza a los instrumentos financieros emitidos por el BCRA, “interfiere en su política monetaria por lo que viola el bloque de derecho federal” constituido por la Constitución Nacional, la ley 21.526 y precedentes jurisprudenciales; y afecta de manera directa herramientas de política monetaria contempladas en la Carta Orgánica del banco.

Mendoza mejoró su recaudación gracias a las lelics.

“Ya sea que se grave una actividad o se ‘elimine’ una exención -como es el caso-, lo cierto es que se impone un tributo sobre una actividad reglada por el BCRA que afecta directamente la estabilidad monetaria y financiera”, dicen.

Además, argumentan que están en juego “cuestiones de máxima gravedad institucional” porque ese gravamen creado por Mendoza afecta “actividades e instrumentos que hacen a la política monetaria nacional, lo que genera o puede generar una grave afectación de la economía en su conjunto”.

Por lo primero pide el BCRA que se declare la inconstitucionalidad, y por lo segundo la medida cautelar inmediata; aunque esta misma fue pedida ya en 2023 y aún no se aplica.

Como en la ley impositiva que rige desde el 1 de enero de 2024 mantiene el gravamen a letras del Central, el banco amplió después de la feria judicial su demanda contra Mendoza.

La otra causa pendiente del BCRA contra una provincia
El Banco Central tiene dos causas en la Corte para intentar frenar el cobro de Ingresos Brutos sobre la emisión de letras: la de Mendoza, y otra contra la Ciudad de Buenos Aires.

El de CABA es un antecedente. En 2020, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta gravó los intereses que pagan las Leliqs y los pases con un 7% de Ingresos Brutos. En ese caso, la Justicia no concedió la cautelar y el fondo de la cuestión siguió tramitándose en la Corte.

La reacción en la recaudación
Allá por mayo del 2023, después de los primeros meses de aplicación del gravamen a las Leliqs del Banco Central, en Mendoza crecía la recaudación en términos reales hasta 20 puntos más que la inflación, según reportaba El Cronista.

“Mendoza comenzó a gravar la operatoria con Ingresos Brutos y mejoró su recaudación”, explicaba entonces el medio especializado en economía. “Hasta marzo, los ingresos provinciales sumaban $59.251 millones, con una suba del 111%. Solo en marzo, el incremento fue del 121%. La recaudación por Ingresos Brutos (75% del total) se disparó 127% en marzo y 123% acumulado en tres meses, casi 20 puntos por arriba de la inflación estimada”.

Todo ello, gracias al “efecto Leliq” dado que a medida que el Banco Central subía la tasa, la provincia recaudaba más. Esas mismas consecuencias se vieron en la Ciudad de Buenos Aires.