En las cárceles mendocinas hay más de 3.000 teléfonos celulares y se busca mejorar los controles

 En las cárceles mendocinas hay más de 3.000 teléfonos celulares y se busca mejorar los controles

La emergencia sanitaria prorrogada por la Nación a fines de 2022 es una de las justificaciones para extender la utilización de teléfonos en el Sistema Penitenciario provincial. Detalles y argumentos a favor y en contra de su uso por parte de los detenidos.

Los internos de las cárceles mendocinas podrán seguir utilizando sus más de 3.000 teléfonos celulares al menos hasta fines de 2023. Sin embargo, ya se barajan distintos escenarios para fortalecer los controles; y no faltan los funcionarios que se expresan en contra de la prórroga.

El dato de la cantidad de dispositivos es una estimación general que hizo, en base a la lectura de documentos oficiales, el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento.

Más de 3.000 celulares. Y se calcula que la población carcelaria de la provincia es de aproximadamente 5.000 reclusos: usan los dispositivos para contactarse con sus familias, entretenerse y, en ocasiones, también para delinquir.

Contextos
El 29 de diciembre pasado, el gobierno nacional publicó el decreto 863, que amplía hasta el final de 2023 “la emergencia pública en materia sanitaria” por la pandemia de covid. Esa situación fue la que en su momento permitió la flexibilización en el uso de celulares en la cárcel.

Pero la coyuntura es muy diferente respecto a marzo de 2020, cuando el virus obligó a tomar medidas excepcionales en Mendoza y el país. De ahí que se agudice el debate sobre los teléfonos.

El martes, de hecho, hubo una reunión entre miembros del Sistema Penitenciario, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para analizar el panorama y evaluar la factibilidad de un reempadronamiento de los equipos que implique mayores controles.

Esa posibilidad está sobre la mesa. Con todo -y salvo que medien cambios drásticos-, la utilización de los teléfonos registrados seguirá siendo lícita hasta diciembre.

Las “avivadas” y los requisitos para usar celulares en las cárceles de Mendoza
Hoy, los internos de Mendoza están autorizados a usar teléfonos celulares bajo condiciones que se han ido endureciendo en la medida en que la experiencia penitenciaria registraba diversas “avivadas”. Se fue aprendiendo sobre la marcha.

Ejemplo: en una época se detectó que algunos detenidos denunciaban de forma online el robo de sus equipos. Eso los dejaba en condiciones de solicitar uno nuevo ¿Y qué pasaba con el supuesto celular “robado”? El denunciante simplemente lo vendía en el mercado negro, lo usaban otros internos y, por tanto, esa línea pasaba a la clandestinidad.

Ahora, si un detenido quiere ingresar un celular está obligado -al menos en teoría- a acreditar su origen legal y, por otro lado, el dispositivo tiene que estar a nombre de una persona identificada y responsable. Y deben ser equipos nuevos.

En caso de presuntos “robos”, ya no se admiten denuncias online: se le avisa al Servicio Penitenciario y si se considera necesario se concretan requisas.

Por lo demás, desde que se oficializó el uso de celulares se han dictado condenas a individuos que los utilizaban para amenazar a sus exparejas o a denunciantes.

“Eso es una diferencia con el contexto anterior -explicó el juez Sarmiento en diálogo con UNO-. Antes, ese comportamiento permanecía oculto. Ahora, al tener registradas esas líneas, se puede hacer un seguimiento de lo que se realiza con el celular”.

Asimismo, la normativa no permite a los presos llevar celulares a espacios laborales ni educativos, y tampoco a las audiencias judiciales. Las redes sociales también están vedadas, si bien eso resulta más difícil de controlar.

¿Y ahora quién saca a los celulares de las cárceles?
La violencia en Rosario, con narcos acusados de organizar crímenes desde sus celdas, revistió a la puja por el acceso a los celulares con un barniz político especial.

Este miércoles, se conoció un proyecto de ley -promovido por el diputado nacional Álvaro Martínez (PRO)- que pretende modificar el Código Penal para castigar con entre 1 y 3 años de prisión efectiva a quienes “introduzcan o hagan introducir” teléfonos en las cárceles o lugares de reclusión.

Sumado a eso, el proyecto de Martínez propone penar el uso de los dispositivos en contextos de encierro. La propuesta prevé que los detenidos que tengan celulares sean sancionados con penas de entre 2 y 5 años.

Pero incluso suponiendo que se intente aplicar la normativa más dura imaginable: ¿cómo se hace para quitarles sus más de 3.000 celulares a los internos que ya los tienen? ¿Qué consecuencias generaría eso en el ambiente carcelario de Mendoza?

La cárcel de Boulogne Sur Mer.

A favor y en contra
Quienes defienden la utilización de celulares aducen que no se han mostrado estadísticas fidedignas que demuestren que el “blanqueo” de los teléfonos en los penales genere un aumento del delito.

Por el contrario, afirman que cuando la práctica se prohíbe los comportamientos se vuelven más “opacos” y se dificulta su monitoreo.

Paralelamente, sostienen que la opción de efectuar videollamadas para conectar con familia o amigos hace que el detenido no pierda sus lazos afectivos, lo que -subrayan- ayuda a la hora de encarar una eventual rehabilitación: si la emergencia sanitaria implica visitas cada 14 días, el lapso intermedio se vuelve más pacífico y llevadero si se continúa en contacto con los allegados.

En contraste, los detractores ponen como ejemplo lo que viene ocurriendo con los narcos rosarinos, que han echado mano a sus celulares para continuar operando junto a sus bandas e inclusive para pergeñar homicidios a través de “soldaditos”. Entre ese grupo de críticos se encuentra el procurador Alejandro Gullé.

Ante la disyuntiva, el juez Sarmiento ha sugerido a la Corte Suprema de Justicia que intente elaborar un proyecto de ley definitivo que pase por la Legislatura y siente precedente en la provincia respecto a las reglas que deben aplicarse en relación al uso de telefonía en las cárceles.

No será sencillo: en pleno año electoral y con la inseguridad como uno de los temas centrales del debate público, es de prever que el máximo tribunal prefiera no navegar por esas aguas.

coordenada Informativa

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