Fiscalía avanza en la investigación por estupro contra Evo Morales

Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta desde septiembre un proceso por estupro, trata y tráfico de personas.

La investigación penal contra Evo Morales por el abuso de una menor cuando aún era presidente de Bolivia está avanzando, pero aún no hay una orden de aprehensión en su contra, informó la fiscal del caso este miércoles.

En “este poco tiempo ya hemos logrado reunir cuatro (…) cuadernos de investigación donde se encuentran todos los indicios y algunas pruebas ya materiales que hemos logrado recolectar”, declaró la fiscal Sandra Gutiérrez.

Sin embargo, la responsable del ministerio público del departamento de Tarija (sur) dijo que oportunamente dará a conocer si emite una orden de aprehensión contra Morales, quien ha tildado el proceso como una “mentira más” orquestada por el gobierno de su exministro y hoy adversario Luis Arce.

“No se está investigando aquí a cualquier persona: se está investigando a un expresidente que obviamente, como él mismo lo dijo, tiene más de 200 abogados”, indicó Gutiérrez.

Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta desde septiembre un proceso por estupro, trata y tráfico de personas.

“Orden de aprehensión anulada”
La fiscal de Tarija ya había ordenado su aprehensión el pasado 26 de septiembre, pero la disposición fue anulada por la justicia que acogió un recurso judicial a favor del líder indígena.

A raíz del proceso penal, sus seguidores protestan desde hace 17 días con bloqueos viales que han derivado en choques con la policía que han causado 43 heridos – la gran mayoría uniformados- y la detención de 50 manifestantes.

Además del expresidente, la fiscalía investiga a los padres de las víctimas por haber obtenido presuntos beneficios cuando inscribieron a su hija en la guardia juvenil de Morales, de acuerdo con la resolución judicial que sustento la anulada orden de aprehensión.

El padre fue aprehendido a mediados de mes y un juez dictó cárcel preventiva por cuatro meses.