‘Gas para Chile’, el plan de Boric para bajar el precio del gas licuado, en la mira

El Gobierno chileno comenzó a distribuir cilindros de gas licuado a precios más barato que el mercado, cumpliendo una promesa de campaña de Gabriel Boric para combatir una presunta colusión de empresas para aumentar los precios. La oposición señala que un plan piloto hecho en 2022 evidencia un “despilfarro inaceptable”.
La reducción en el precio del gas licuado para las familias chilenas había sido una de las promesas de campaña de Gabriel Boric antes de llegar a la Presidencia. En ese marco, el mandatario anunció el plan piloto Gas para Chile, que consiste en la creación de una empresa pública envasadora y distribuidora de gas licuado, capaz de competir con las tres empresas distribuidoras de cilindros de gas licuado en el país.
La falta de competencia en el mercado del gas licuado había sido señalado por el Gobierno como uno de los factores que conspiraba en reducir los precios al público, especialmente luego de que las empresas fueran investigadas en 2021 por la Fiscalía Nacional Económica por una presunta colusión para incrementar los precios.
En el marco del plan, la estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) destinó 591 millones de pesos chilenos (738.000 dólares) por un total de 6.000 cilindros de gas licuado de 15 kilos. Según prevé Gas para Chile, los cilindros serán comercializados a familias de bajos recursos a 15.000 pesos (18 dólares), un precio más accesible que los 25.000 pesos (31 dólares) en que se venden en el mercado.

En principio, el Gobierno chileno se había propuesto distribuir los balones a 100.000 familias chilenas. El Ejecutivo debió corregir las cifras entrado el año 2023, cuando la ENAP aclaró que solo poseía 60.000 cilindros y que planificaba comercializar 300.000 cargas de gas licuado durante el año 2023.
Sin embargo, el plan fue recibido con críticas por parte de la oposición, ya que parlamentarios del partido opositor Renovación Nacional acusaron ante la Contraloría General de la República que el Poder Ejecutivo habría incurrido en un “despilfarro inaceptable” de recursos, al pagar 117.000 pesos (146 dólares) por cada envase.
En efecto, la ENAP debió adquirir envases nuevos —que comenzaría a entregar identificados con el color magenta y la marca Gas para Chile— y montar una nueva red de distribución. En ese marco, el ente público admitió que la distribución concentró la mayor parte de los recursos del programa, significando una erogación de 507 millones de pesos (633.000 dólares), consignó Radio Cooperativa.
El Gobierno aclaró además que las cifras manejadas por los parlamentarios opositores responden a un plan piloto que se implementó en el segundo semestre de 2022 y que abarcó únicamente la entrega de 5.743 cilindros en las comunas de San Fernando, Chiguayante y Quintero.

Para el Ejecutivo, parte de los costos de distribución del piloto no se replicarán en la etapa que se activa ahora.
De todos modos, los cuestionamientos llevaron al Gobierno a reconocer que ese plan piloto modificó el proyecto original de Gas para Chile, dejando de encargarse de la distribución hasta los hogares para tomar únicamente la distribución mayorista, dejando el reparto minorista en manos de siete empresas distribuidoras con las que ya está en negociaciones. El propio ministro chileno de Hacienda, Mario Marcel, ratificó ante el medio El Mostrador que la ENAP “ha ajustado su modelo y ha optado por una modalidad de distribución como mayorista solamente”.
Definida la nueva estrategia, la ENAP oficializó el inicio del programa el 24 de mayo y comenzó a despachar sus primeras entregas de gas licuado en las regiones de O´Higgins, Maule y Biobío.

Aún así, la bancada opositora de la Unión Demócrata Independiente (UDI) citó al Congreso a los ministros de Energía, Diego Pardow, y de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, de Desarrollo Social, para que brinden explicaciones a los legisladores.
Es que, para la oposición, la prueba piloto de 2022 habría dejado en evidencia que la intención del Gobierno de montar un nuevo negocio para distribuir supergas no es redituable para el Estado. En diálogo con el sitio Emol, el diputado de la Democracia Cristiana Eric Aedo sostuvo que “lo mejor sería ir con un subsidio directo y no seguir con un negocio e industria que no tiene sustento”.