Guillermo Lasso podría enfrentar un juicio político
El informe concluyó que Guillermo Lasso podría haber estado involucrado en posibles delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública.
La Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de un informe que recomienda abrir un proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusándolo de corrupción por negocios en empresas públicas. Fue aprobado por 104 de los 137 legisladores, en un esperado rechazo al liderazgo de Lasso, quien tiene una relación antagónica con los miembros de la Asamblea.
El informe fue presentado el miércoles pasado por una comisión de siete legisladores, en su mayoría opositores, que encontraron las denuncias sobre contratos en empresas estatales ecuatorianas a cambio de sobornos y una filtración de una investigación de la policía sobre presunto narcotráfico.
La presentación concluyó que Lasso podría haber estado involucrado en posibles delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública. Estas afirmaciones fueron rechazadas por el Gobierno. El Ejecutivo calificó el informe como un «ataque a la razón» y dijo que sus hallazgos se basan en coincidencias y conjeturas.
«El informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, probatorio y jurídico», expresó Lasso. «No obstante, él quiso contestar con absoluta transparencia y celeridad todo el requerimiento de la Fiscalía de Ecuador para esclarecer cualquier duda», añadió, replicó Reuters.
Para que se lleven a cabo las audiencias de juicio político, un legislador debe presentar evidencia contra Lasso con el apoyo de otros 46 legisladores. La Corte Constitucional debe aprobar el procedimiento. El movimiento político del expresidente Rafael Correa ha dicho que sus legisladores podrían presentar estas pruebas.
Lasso, un exbanquero conservador, no tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. Se ha enfrentado reiteradamente con legisladores, algunos de los cuales intentaron derrocarlo en medio de protestas en 2022. La semana pasada, la organización indígena CONAIE pidió su renuncia y tiene prevista una jornada de marchas para el 8 de marzo.