Julio Cobos propone derogar la ley de alquileres mientras el Congreso discute una mejor versión
El diputado nacional presentó un proyecto para derogar la ley de alquileres, que asegura perjudica tanto a los propietarios como a los inquilinos.
La polémica ley de alquileres, la 27.551 que se sancionó en el 2020 no deja de darle dolores de cabezas tanto a propietarios como a inquilinos. Tantos cuestionamientos tiene la norma, que tanto el oficialismo del Frente de Todos como la oposición de Juntos por el cambio ya tienen distintos despachos con modificaciones para hacerle, pero tampoco llegan a un acuerdo.
Por eso el diputado nacional Julio Cobos, convencido de que esos dictámenes no traerán soluciones, fue por un corte de cuajo: propone derogarla y que vuelva a regir el sistema anterior hasta que el Congreso discuta y logre una norma que supere las falencias actuales.
El diputado nacional Julio Cobos propone derogar la ley de alquileres, entre tanto en el Congreso se llega a un acuerdo y se logra una norma que sea superadora.
“Derogando esta ley volveríamos a restablecer el Código Civil y Comercial que pudo sortear la inflación, la convertibilidad y mal que mal anduvo. Yo le decía a mis correligionarios, y este fin de semana también lo hablé con José Luis Espert en la Vendimia Solidaria y él también me dio su apoyo, es que mientras discutimos como mejorarla, que la deroguemos. Hoy hay dos despachos de comisiones sobre esta ley que sabemos que no van a llegar a la solución de fondo”, contó Cobos en el programa Medio Día de Radio Nihuil.
Para fundamentar su propuesta de derogar la actual ley de alquileres, Cobos enumeró una serie de falencias de la norma que no sólo complica a los inquilinos por el impacto que tienen en el precio de los alquileres la regulación del mecanismo de ajuste que sigue a la inflación, sino que también perjudica la oferta de inmuebles porque los propietarios ven que un contrato que como mínimo deben sostener por 3 años, con una actualización anual no es rentable, y eligen volcarse a los alquileres temporarios o poner el inmueble en venta.
Una ley que no camina y dos dictámenes que no llevan a nada
Desde el sector inmobiliario y las agrupaciones que suelen defender a los inquilinos vienen reclamando desde hace tiempo una urgente reforma de la ley, alertando que si no se hace nada en poco tiempo no habrá inmuebles para alquilar, pero los tiempos del Congreso son otros.
El año pasado se debatieron varios proyectos en el plenario de las comisiones de Legislación General, presidida -en su momento- por la actual titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y la de Presupuesto y Hacienda, que preside el legislador Carlos Heller.
En mayo del 2022, los diputados emitieron dos dictámenes (uno de mayoría y uno de minoría) a distintos proyectos para impulsar una nueva Ley de Alquileres, que no fue sumado al temario para ser tratado en el período de Sesiones Extraordinarias.
La iniciativa del Frente de Todos logró 40 firmas , mientras que la de Juntos por el Cambio , apoyada por el Frente de la Concordia y los interbloques Federal y Provincias Unidas, obtuvo la firma de 39 legisladores.
Uno de los temas que trata el proyecto oficialista es la creación de un plan que incentiva la construcción y adquisición de inmuebles, destinados a alquileres sociales, mediante el Estado. Esta medida incluye gravar las viviendas ociosas, es decir, las que se encuentran vacías, debido al desbalance que existe entre la poca oferta y la gran demanda habitacional.
A su vez esa iniciativa del oficialismo nacional coincide con la ley actual en dos puntos : que el contrato siga siendo de 3 años y que la actualización anual de los valores de los alquileres esté basada en el índice de inflación, medido por el Indec y la variación salarial que publique el Ripte del Ministerio de Trabajo.
Del lado de la oposición, el proyecto busca que el contrato sea por dos años como era antes y que los aumentos se realicen a través de un acuerdo entre las partes. Para fijar un parámetro deberían basarse en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS). Además, la actualización de los precios, también tendrá que ser consensuada y podría incluir un ajuste cada tres meses o cada un año.
Sin embargo, al entender de Cobos ninguno de esos dos dictámenes están cerca de dar una solución rápida a la grave situación que ya desató la ley de alquileres, y entiende que el mejor camino es derogarla hasta tanto se logre una norma que la supere.