La cuchara y el pancito en el fondo de Portezuelo, el misterio y la ruta de la plata
En los tiempos en los que el Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza (CEAS) se reunía con algo de regularidad y era todavía una promesa de cambio paradigmático en eso de pensar la mejor provincia del futuro, alguno de los más de 80 representantes y participantes con los que contaba llegó a proponer que el cargo del Director General de Inversión Pública (DGIP) saliese de una terna especial para que el finalmente designado por el Ejecutivo tuviese acuerdo del Senado, como si se tratase de un magistrado de la Justicia, un juez de la Corte, el fiscal de Estado o el titular de Irrigación.
Han pasado tres, casi cuatro años ya, de aquellas deliberaciones que se realizaban en el Centro de Congreso y Exposiciones Ángel Bustelo, desde el arranque del 2021, a la salida de la pandemia. El CEAS es hoy casi un recuerdo difuso, pero de allí surgieron algunas pocas de las ideas que terminaron corporizándose en proyectos concretos, como ese que está en plena confección y elaboración del Sendero de Gran Recorrido de Los Andes, un entramado de más de 500 kilómetros de huellas que unen Punta de Vacas en el norte con Malargüe, que discurren por los valles andinos más extraordinarios que haya dado el cordón montañoso enlazando los cinco ríos provinciales y que está llamado a convertirse en el gran imán provincial para el turismo de aventura y el trekking de todo el mundo.
Ahora bien, ¿qué grado de importancia o de relevancia tendría hoy que ese ignoto, desconocido, cargo de Director General de Inversión Pública, perdido en el organigrama del Ministerio de Hacienda, tuviese acuerdo del Senado? Que quizás la provincia, o la política mejor, se hubiese ahorrado ese rosario de dudas, de quejas y hasta de sospechas en torno al destino que se les ha comenzado a dar a esos 1.023 millones de dólares del fondo de resarcimiento por los perjuicios que dejó en nuestro territorio la promoción industrial que recibieron las provincias vecinas durante décadas, sin incluir a Mendoza. Esos recursos, también conocidos como los del fondo de Portezuelo del Viento por el dique que se haría originalmente en las aguas del Río Grande (Malargüe), han estado –y ahí siguen permaneciendo–, en el centro de las sospechas opositoras al momento de discutirse y aprobarse la Ley de Presupuesto 2025. Se aduce que el gobierno se ha sentado sobre ese fondo fiduciario sin hacer partícipe al resto de las fuerzas políticas, instituciones civiles, cámaras de empresarios y productores y de los intendentes. En cambio, si al frente de su administración estuviese un funcionario con acuerdo legislativo, legitimado por el Senado y que previamente se hubiese conocido de él o de ella en una audiencia pública, quizás el panorama podría haber sido diferente, aunque todo desde ya que es contra fáctico.
Pero el atributo del acuerdo del Senado, un aspecto que surgió de aquellas discusiones del CEAS y que hoy está develando un funcionario del gobierno de Alfredo Cornejo, sólo podría ser uno, ni siquiera sería el único, ni tampoco necesario, si llegara a existir un modelo de acceso más abierto al control y seguimiento ciudadano de la trazabilidad del uso de esos fondos del que tiene finalmente y por el que ha optado el propio gobierno.
La oposición en general, disminuida y fragmentada en general, está advirtiendo que no tiene acceso al mecanismo por el cual se definen los criterios de las obras y la dirección geográfica de las mismas que se analizan financiar con el fondo; se aduce que todo lo que se disponga hacer debiese estar discutiéndose en la Legislatura u observado y fiscalizado por una bicameral donde al menos se garantizase la mínima participación proporcional de las fuerzas políticas con representación legislativa en la discusión y destino estratégico de esos recursos extraordinarios.
El fondo, de más de 1.000 millones de dólares, representa casi un cuarto del presupuesto anual provincial, y se ha constituido para la administración de gobierno en una fuente de financiamiento más, con reglas de administración y de uso bien delimitadas. Por caso, de ahí sólo saldrán los recursos para permitir la concreción de obras vinculadas con la producción, las necesidades regionales y en donde todo indica que se priorizará genéricamente el agua, la producción y abastecimiento de energía y la infraestructura: obras públicas, en concreto, de un largo aprovechamiento con el paso del tiempo.
De ese fondo, así lo interpreta el gobierno, saldrán los recursos que financiarán proyectos con la particular característica de repago (tienen que incluir como condición general el recupero de la inversión que se destina) y que emergen de un banco de proyectos que se encuentra dentro de la mencionada Dirección General de Inversión Pública. El punto es que sólo el gobierno tiene acceso hoy a esa suerte de incubadora de ideas en donde está incluido todo el plan de infraestructura de la administración, esperando contar con el presupuesto ordinario, el turno y la oportunidad de ser ejecutados. Uno de los puntos harto discutidos entre el oficialismo y la oposición ha sido, por ejemplo, el análisis de cada una de las iniciativas desde lo político: mientras unos reclaman que toda la plata del fondo debe estar mencionada y señalada en el presupuesto provincial y resolver en debate hacia dónde deben ir las obras que se financien con él, por el otro se afirma que en una planilla anexa al presupuesto se han enumerado los proyectos listos para conseguir la aprobación legislativa para que arranque su plan de ejecución en el próximo año.
“Alrededor de una mesa política debiesen estar sentados los intendentes, por lo menos, además de los referentes políticos para que se decida ahí, con la participación de todos a dónde van los recursos”, se quejan en la oposición. “Eso no es necesario por varias razones: porque las obras están incluidas en el presupuesto y porque los proyectos salieron de un análisis altamente profesionalizado, con altísimos indicadores de eficiencia, de costo, beneficio, objetivos científicamente probados en el mundo y que nos ha llevado por lo menos seis años en alcanzarlos. Todo eso es parte de la gestión y todo está incluido en la Dirección General de Inversión Pública”, destacan, como defensa a las críticas, desde el Ejecutivo.
El banco de proyectos, entre otras cosas, se sostiene en un manual de metodología para la formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión pública. El tutorial va revelando qué condiciones debe cumplir un proyecto tal en el que se tiene en cuenta el valor social del tiempo, por ejemplo, insumido, y del impacto a futuro en el empleo o en la actividad que pudiese tener la obra proyectada; los costos en la etapa de inversión, de la operación, de mantenimiento y conservación, es decir, “los costos que tienen para la sociedad los recursos que utiliza el proyecto y que por lo tanto dejan de estar disponibles para otras actividades”. También se incluye, desde ya, el precio de mercado que gira alrededor del proyecto y el precio social “que representa el verdadero valor para la sociedad”, se lee en el manual. Se da cuenta, además, del consenso científico para medir algunos de los beneficios del proyecto “pero cuando no los exista –se aclara– o trasciendan a la dimensión del proyecto, a estos no se les podrá asignar un valor monetario”. Se repasan, como en todo proyecto a ser financiado con recursos públicos –según se afirma– indicadores tales como el m2 de construcción para un edificio público, el costo por alumno en el sector de educación, o el costo por litro de agua en un proyecto hídrico.
En resumen, el gobierno de Cornejo descansa, se muestra tranquilo y despreocupado por las críticas que recibe por el manejo poco transparente que pueda estar haciendo de este fondo extraordinario que tantos años le insumió a la provincia conseguir. Muestra y señala el método que se aplica para la identificación de los proyectos que serán financiados con esos recursos y dice que allí hay años de estudio y de capacitación del personal técnico que ejecuta el manual dentro del ámbito de la Dirección General de Inversión Pública; que el listado de obras está en el presupuesto y que todos los organismos de control están involucrados en el camino de las obras.
La oposición, o parte de ella, esperaba otra cosa; como una mesa política en donde discutir el diseño y el rumbo de lo que se va a invertir, probablemente una bicameral por caso; pero en concreto se sabe débil y sin fuerza –por ahora– para recuperar su poder de fuego, el tiempo y la enorme distancia que le sacó un oficialismo que lleva años sólo concentrado y obsesionado en la profesionalización al extremo de sus actos, y con altos niveles de eficiencia en la construcción y ejecución de un universo político, el suyo propio, donde todo discurre dentro de él, incluso la visión general estratégica para la provincia.
