La industria vitivinícola bajó la guardia ante el proceso de desregulación que comenzó con Milei

A las tres leyes que fueron derogadas con el DNU de diciembre, se le suma el camino que inició Mendoza para ponerle fin al acuerdo por el mosto y la Ley 9.133.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia comenzó un proceso de desregulación económica que, en parte, es mirado con buenos ojos desde Mendoza. La industria vitivinícola entró en ese camino no solo con la derogación de leyes establecida en el DNUde fines de diciembre, sino también con decisiones que se van forjando en el Ministerio de Producción local.

Las leyes que quedaron definitivamente fuera del juego con el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 fueron la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola.

Mientras que la que hoy es mirada de reojo es la Ley provincial Nº 9.133, que regula el Registro Único de Contratos para la Comercialización de Productos Agrícolas. “Tenía buena intención pero no sirvió”, dicen; y a eso se le suma la decisión de terminar con el acuerdo Mendoza- San Juan para la diversificación de la producción vitivinícola.

¿Cómo se toma la industria este proceso de desregulación? Con cautela, pero bien.

Mendoza se suma a la Nación en el proceso de desregulación de la vitivinicultura.

Las antiguas leyes que derogó Javier Milei
La industria del vino quedó apaciguada cuando sintió como una victoria la eliminación de las retenciones. Casi todas las energías de los empresarios se pusieron en esa batalla cuando se conoció que la idea era gravar las exportaciones -primero con un 15% y luego con un 8%-.

Que finalmente ese proyecto haya quedado fuera de la Ley Bases que ya tiene media sanción de Diputados fue un alivio para el sector.

Al concentrarse en esa pelea, quedó muy relegado el análisis sobre las tres leyes regulatorias de la industria que derogó Milei con su mega DNU de fines del 2023. ¿Qué decían y por qué no hubo “escándalo”? Simplemente porque en la práctica ya no tenían aplicación.

Martín Hinojosa, peronista y presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura hasta que asumió el nuevo gobierno nacional, explicó a Diario UNO esa realidad: “De hecho, dos de ellas ya estaban derogadas”, dijo sobre las normas de política vitivinícola nacional y de reconversión vitivinícola.

“Y la de contratos de elaboración de vinos daba lineamientos básicos para el resguardo del productor pero siempre la entrega de la uva propia para la elaboración del vino por parte de un tercero se rigió por acuerdos”, aseguró Hinojosa. “Sí hizo un poco de ruido su derogación pero en definitiva la ley de maquila, que sigue vigente, resguarda al productor”, dijo refiriéndose a la norma provincial N° 7.101.

¿En casos se aplica? En la mayoría de los casos pasa cuando el productor tiene un excedente de uva que no ha vendido; entonces, la entrega a un bodeguero para que éste le elabore vino. Quien lo realiza se queda con una buena porción de litros y el productor se lleva lo restante.

Los ojos de Hinojosa, que en este caso miran más como bodeguero y productor que como político, no están puestos en ese tipo de regulaciones sino más bien en el acuerdo del precio de la uva. Entrado mayo, la industria está concentrada en ese tironeo.

Desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), reafirmaron la explicación sobre las leyes derogadas por Milei: “Eran regulaciones que no se estaban aplicando ni tienen un impacto directo sobre la vitivinicultura”.

La desregulación de la industria vitivinícola
Más allá de aquellas derogaciones, que en definitiva fueron más un gesto que una verdadera desregulación, ése proceso sí está en marcha en Mendoza.

El ministro Rodolfo Vargas Arizu, que viene del sector empresario, ha expresado en varias oportunidades su meta de bajar la presión del Estado sobre una industria que, según sus palabras, es una de las más controladas.

“En la vitivinicultura desde el momento en que metés la uva en el tacho ya no sos dueño de nada. Te dicen cuánto vino podés hacer, cuándo tenés que liberarlo, hay millones de restricciones, estamos trabajando en aliviar todo eso y sacarle presión al privado”, decía hace un mes cuando entre los productores hacía todavía ruido la importación de vino por parte del Grupo Peñaflor.

Después de eso, vinieron acciones concretas. Vargas Arizu comparte esa mirada de desregulación con su par de San Juan, Gustavo Fernández, y ya en un cónclave que se llevó a cabo en la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura a mediados del mes pasado, se dejó bien en claro que el de 2024 fue el último acuerdo Mendoza- San Juan por el mosto y que el Gobierno mendocino buscará derogar más pronto que tarde la Ley provincial Nº 9.133.

La pauta diversificadora este año se fijó en 17%. La cosecha estaba muy encima y de común acuerdo las autoridades de San Juan y Mendoza decidieron que se destine ese porcentaje a mosto y a otros subproductos, como pasas, fruta en fresco, exportaciones a futuro.

En ese momento (allá por el 19 de febrero), con el pronóstico de cosecha del INV fijado en 24% promedio para el país, se decidió que era la mejor vía para dar una señal positiva al mercado y no afectar los precios que se les pagan a los productores.

Pero ya desde entonces se empezó a advertir por lo bajo que ése sería el último. E incluso a posteriori, ese porcentaje no fue respetado por los privados ni en Mendoza ni en San Juan.

Ahora, si bien no se grita a viva voz, ya se dijo en un ámbito con mayor formalidad como lo fue aquel encuentro ante los capos de entidades vitivinícolas -y ante el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, que estuvo presente- por lo que nadie se sorprenderá si en 2025 no hay acuerdo.

Desde la Asociación de Viñateros de Mendoza tomaron con cautela la noticia. “El mosto es un commoditie y la ausencia del Estado generará competencia. Si hay libre competencia para comprar uva para hacer mosto, no tiene por qué perjudicarnos”, dijo el presidente Eduardo Córdoba. “En Mendoza se genera mosto por conveniencia, porque el mercado interno lo demanda y porque se exporta”, aclaró aunque sí pidió que los gobiernos se sienten en la mesa de diálogo con empresarios y productores.

Lo que también se deslizó es la intención de Mendoza de derogar la Ley de Registro de Contratos para la Comercialización de Productos Agrícolas, que no solo aplica para la industria vitivinícola sino también para el durazno, la ciruela, las aceitunas, el ajo y el tomate.

Esa norma es de 2018 y en 2020 sufrió modificaciones pero el balance que hace el Gobierno es que no surtió los efectos esperados.

En ese momento, se presentaba la normativa como una garantía para el productor en cuanto al acuerdo de precios y formas de pago a la hora de entregar la mercadería, ya que antes de su sanción solo existían registros que funcionaban a modo de sistema estadístico.

Sin embargo, desde el Ministerio de Producción señalan que en la práctica ese registro de los contratos es muy difícil de llevar a cabo por parte de los industriales -más en época de inflación- , y que terminan sancionados con multas.