La “segunda toma de Lima”, es advertida por la inteligencia policial de Perú
El recién conformado Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp), anunció nuevas movilizaciones con destino a Lima desde el sur del país para el 1 de marzo, con el fin de reactivar las manifestaciones que buscan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y convocar a nuevas elecciones generales.
Dirigentes y movimientos sociales del sur del país acordaron una nueva movilización popular con destino a Lima, con el objetivo de arribar a la capital peruana el 1 de marzo y reactivar las protestas en pos de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso Nacional, la convocatoria a elecciones generales para 2023 y el conformar una asamblea constituyente que renueve la carta magna del país andino.
La convocatoria pretende emular el Paro Nacional Cívico y Popular del 19 de enero convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), conocido como la ‘Toma de Lima’ o la nueva ‘Marcha de los Cuatro Suyos’ —los cuatro puntos cardinales del Imperio inca—, en memoria de la movilización popular de finales de julio del 2000, que se articuló en protesta por las acusaciones de fraude electoral en la tercera elección consecutiva del entonces mandatario Alberto Fujimori (1990-2000).
“Los dirigentes acotaron que las coordinaciones también se desarrollan en las 13 provincias de Puno (sur), desde donde partirán grandes grupos de manifestantes por cada localidad para hacer sentir su voz de protesta en Lima”, informó la cadena Radio Programas del Perú (RPP).
Alertas de inteligencia policial
No obstante, la Policía Nacional del Perú (PNP) acusó recibo de la convocatoria de movilizaciones hacia la capital peruana mediante la publicación de un “documento de referencia”, que explicita qué dirigentes son identificados como organizadores de la movilización y qué movimientos sociales acompañan la convocatoria.
Mediante la distribución del memorando N-°35 de 2023, del 22 de febrero, bajo autoría de la División de Seguridad de Penales de la PNP, se advierte sobre la organización de la movilización y “hace de conocimiento que dirigentes y representantes de organizaciones sociales de los distritos de Pomata, Yunguta y Sepita y otros de la zona sur de la Región de Puno, luego de sostener una reunión encabezada por Edgar Chura Mamani (presidente de Defensa del Sur y de los Recursos Naturales de Puno) acordaron realizar la Segunda Toma de Lima para el 1 de marzo del 2023”, argumenta el memorando.
La fuente de inteligencia policial advierte que “muy probablemente (las organizaciones sociales) se reúnan (en Lima) con integrantes de diversos grupos gremiales y colectivos de izquierda radical a fin de coordinar actos vandálicos en la ciudad capital”, acusó.
El informe policial especifica que los posibles “actos vandálicos” pueden tomar curso en lugares como “la Carretera Panamericana Sur, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las embajadas e incluso en los domicilios de la presidenta Boluarte, los ministros y los congresistas”.
Ante la advertencia de una latente escalada vandálica en Lima y “teniendo presente la información presedente (sic), adopten las medidas de seguridad correspondientes en el ámbito de su competencia, con el fin de evitar desmanes ante la propiedad pública y privada”, concluye el comunicado.
Respuesta de presidencia
La mandataria peruana, Dina Boluarte, se dirigió al pueblo de Puno en el marco de la mesa de diálogo por la paz y la gobernabilidad denominado, Con Punche Regional, en la ciudad de Lambayeque (norte), y aseguró que desde el inicio de su gestión ha enviado funcionarios a la zona sur con el fin de establecer un diálogo con los movimientos sociales.
En su alocución, indicó que “grupos radicales” están imponiendo “una agenda política y no social”.
“Dina Boluarte y los ministros no estamos en la capacidad de resolver problemas políticos, hermanos de Puno, que estaban planteando. Quizá la gran mayoría de hermanos y hermanas que salen a las protestas creen que están marchando reclamando más agua, colegios y hospitales, pero hay un grupo violento que quiere convertir en una anarquía la región de Puno”, manifestó.
“Están pidiendo que se cierre el Congreso. Yo no puedo cerrarlo. Piden que haya asamblea constituyente, y no puedo hacer una asamblea constituyente. Están pidiendo que libere al expresidente Pedro Castillo y yo no puedo liberarlo. Piden adelanto de elecciones y nosotros hemos propuesto hasta en dos oportunidades iniciativas legislativas para que debatan ese tema. Piden mi renuncia, yo les pregunto a este grupo violentista y a algunos líderes, ¿qué ganan con mi renuncia?, no se gana nada, y no es mi alternativa renunciar”, agregó, según consignó el medio Gestión.
La más reciente crisis política del Perú se remonta al 7 de diciembre, cuando se determinó la destitución del ahora exmandatario Pedro Castillo por el Congreso de la República y la asunción al poder de Dina Boluarte por sucesión constitucional. El proceso ha dejado un saldo de más de 60 fallecidos a manos de la represión policial contra la protesta social.