Las cuatro causas judiciales que involucran al Ministerio de Capital Humano

En dos de los expedientes, el Gobierno es denunciante. Mientras que en el par restante aparece como denunciado por el escándalo del reparto de los alimentos a comedores comunitarios.

La Justicia investiga al menos cuatro expedientes que involucran al Ministerio de Capital Humano. Supuestas irregularidades en el reparto de alimentos a comedores, fraudes y extorsiones a beneficiarios de planes sociales por parte de agrupaciones piqueteras, y contrataciones irregulares en el área de minoridad son los casos que están siendo investigados.

El Gobierno nacional es denunciante en dos de estas causas y aparece como denunciado en las restantes. Las instrucciones se intensificaron hace un mes, tras los allanamientos a más de 20 casas y cooperativas de dirigentes piqueteros. Desde entonces, la cartera dirigida por Sandra Pettovello ha quedado en la mira por ineficiencia y desprolijidades.

Uno de los casos más relevantes se inició por llamadas anónimas recibidas en una línea del Ministerio de Seguridad, sistema creado por Patricia Bullrich. Estas denuncias alertaban sobre coerciones para asistir a marchas a cambio de planes sociales.

Más de 10.000 llamadas se registraron desde fines del año pasado, y siete personas aceptaron declarar sobre las maniobras de las que fueron víctimas. Esto permitió al fiscal Gerardo Pollicita y al juez Sebastián Casanello avanzar en la investigación.

Los investigadores descubrieron que beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo eran castigados si no asistían a las marchas del Polo Obrero, impidiéndoles acceder a comedores comunitarios o vender alimentos proporcionados por el Estado. También se identificaron diferentes niveles de dirigentes piqueteros, desde aspirantes a beneficiarios hasta aquellos que cobraban múltiples planes sociales.

Además, la Justicia encontró evidencias de desvío de fondos, lo que implica el delito de fraude. De los 113 millones de pesos recibidos por el Polo Obrero del ex Ministerio de Desarrollo Social, 25.000.000 de pesos fueron desviados a la imprenta Rumbos y a la empresa Coxtex S.A., creada exclusivamente para generar facturas falsas. Rumbos también está siendo investigada por financiar campañas del Partido Obrero.

El juez Casanello citó a Eduardo Beliboni, líder de la agrupación, a prestar declaración indagatoria por fraude, junto a otros dirigentes. Las citaciones comienzan el 11 de junio y se extenderán hasta el 25 de junio.

Paralelamente, otra causa en la que el Ministerio de Capital Humano es denunciado se originó por la denuncia del dirigente social Juan Grabois, quien acusó al Gobierno de retener alimentos destinados a comedores populares. La fiscal Paloma Ochoa dictaminó que el juez debía ordenar la entrega de estos alimentos, pero Casanello solicitó un plan de reparto paulatino, lo que generó tensiones y apelaciones.

Finalmente, el Gobierno presentó un plan de reparto de alimentos que incluyó la distribución en escuelas de bajos recursos y a través de la Fundación Conin. Sin embargo, la fiscal Ochoa y el juez Casanello descubrieron inconsistencias y faltantes en los depósitos de alimentos.

El cuarto expediente, relacionado con contrataciones irregulares mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), fue iniciado por Capital Humano, pero podría volverse en su contra. Esta causa investiga el uso de programas internacionales para pagar sueldos corrientes, y el fiscal Ramiro González ha solicitado informes al Gobierno sobre la cantidad de contratos y los montos involucrados.