Los llamativos depósitos de dinero que policías le hacían al comisario federal preso por coimas
Los investigadores descubrieron que cuatro efectivos federales en actividad les transferían dinero a Dino Rossignoli y a su esposa. Creen que serían en concepto de servicios extraordinarios irregulares. El juez de la causa notificó a Asuntos Internos de la Policía Federal.
El caso del comisario federal preso por sospechas de cobro de coimas para liberar zonas y avisar sobre posibles allanamientos a una importante cantidad de financistas que comercializan moneda extranjera ilegalmente en el microcentro se transformó en algo “gigante” en los Tribunales de calle Pedro Molina y España.
La cantidad de pruebas que se fueron acumulando a principios de este año, unos tres meses después de su captura, el 14 de setiembre, motivó que se colocaran bajo la lupa todos los movimientos del detenido, tanto su vida cotidiana como en su destino.
Dino Enzo Rossignoli, jefe máximo de la Unidad Operativa Federal Mendoza hasta el día de su captura, se encuentra procesado con prisión preventiva en una causa de cohecho pasivo y asociación ilícita, la que tiene como protagonistas a los dueños de las joyerías Stefano Cannella y Vía Roma (entre otros negocios), Nicolás Bazán y Renzo González, que se inició en el primer año de la pandemia del coronavirus y se sospecha que se dedicaban al cambio de divisas.
Este miércoles, la Cámara Federal de Apelaciones no hizo lugar a un pedido de la defensa: la excarcelación o detención domiciliaria del principal apuntado. Rossignoli viene insistiendo en algún tipo de beneficios que le permita dejar los barrotes carcelarios pero no lo consigue, básicamente, porque, entendieron los jueces que rechazaron la solicitud (Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Alberto Pizarro), existe riesgo procesal porque se está frente a un policía de alto rango que podría interferir en la instrucción a través de sus contactos.
El 19 de abril, Rossignoli sumó otras 20 imputaciones en el Juzgado Federal Nº3, a cargo de Marcelo Garnica, por recibir sobornos de otros cambistas que tenían base en la Galería Tonsa.
Ese día, la Policía contra el Narcotráfico (PCN) cercó el centro comercial en búsqueda de más pruebas que terminen de sentenciar lo que habían obtenido de los teléfonos celulares secuestrados el año pasado en la casa del comisario en Godoy Cruz, es decir, diálogos entre él y los cueveros que evidenciaban encuentros en diversos cafés de Capital y avisos sobre posibles investigaciones en su contra.
Pero eso no sería todo, ya que Rossignoli podría terminar acusado por otros hechos de corrupción que fueron descubriendo los investigadores PCN que iniciaron las labores desde el primer momento: este diario informó después de su detención sobre el faltante de una importante cantidad de dinero incautado durante su gestión por la Policía Federal en el 2020 –así lo reveló una auditoría interna– y hace pocas horas trascendió que un grupo de cuatro policías de la Delegación de calle Perú de Ciudad les hizo una serie de depósitos de dinero a su cuenta particular y a la de su esposa por motivos no del todo claros, de acuerdo con la información.
Estas pruebas, que llegaron al despacho del juez Garnica el mes pasado, fueron estudiadas antes de actuar y, como primera respuesta, se informó a Asuntos Internos de la Policía Federal para que busque determinar los motivos de esos movimientos bancarios entre los uniformados que estaban a sus órdenes.
Fuentes judiciales y policiales consultadas por este diario detallaron que se encontraron conversaciones de WhatsApp entre el comisario y un efectivo que oficiaba de nexo con otros tres colegas de la delegación durante el 2021.
Estos diálogos, al parecer, se daban por servicios extraordinarios que los efectivos realizaban en algunos comercios que frecuentaba Rossignoli y hasta la AFIP. En los chats, detallaron las fuentes, uno de los efectivos le comunicó al comisario que había depositado el dinero en “la cuenta de su señora”, tal como se desprende de la prueba.
La sospecha de los pesquisas es tan amplia que entienden que una parte de ese dinero que recaudaban también era entregado en efectivo al máximo responsable policial federal de Mendoza en su oficina de calle Perú. Las transferencias podían llegar a los 75.000 pesos por policía, y hasta Rossignoli le preguntaba a su hombre de confianza si otros efectivos querían participar de las maniobras, “sin compromiso”, tal como escribió.
Más pruebas y complicado
El caso que involucra al comisario federal se encuentra todavía en etapa de instrucción y promete tener otros capítulos con el paso de los meses. Se inició luego de una investigación de la PCN, que detectó un crecimiento patrimonial meteórico en dos jóvenes llamados Nicolás Bazán y Renzo González. Ambos estaban vinculados con las razones sociales Stefano Cannella y Vía Roma, entre otras.
Por las pruebas que recabaron, los jóvenes utilizaban estas joyerías para otra actividad, el cambio de divisas. Los negocios eran una pantalla y los detectives se dieron cuenta, por los movimientos de gente que presentaba en cada una de las sucursales, que fueron ganando terreno en el microcentro durante la pandemia.
El 6 de julio del año pasado, las joyerías fueron allanadas. Los policías secuestraron teléfonos celulares, documentos de importancia y grandes sumas de dinero en pesos y dólares. En uno de los locales del Centro, dieron con un cuaderno verde que llevaba como título el nombre de Catamarca, en referencia a la calle donde se encontraba ubicado.
Gracias a este bloc a cuadros, detectaron anotaciones de los movimientos de dinero de la casa de cambio trucha y también lo que serían pagos al comisario Rossignoli a cambio de protección policial. Este documento fue cotejado con lo analizado en los teléfonos celulares y allí nació lo que se denominó la segunda etapa de la instrucción.
El 14 de setiembre, el jefe de la Policía Federal de Mendoza quedó detenido, al igual que Bazán, González y otros personajes que “ayudaban a la organización funcionase”, tal como explicaron las fuentes. Entre ellos se encontraban policías que hacían de seguridad en las cuevas, una contadora y hombres sospechados de lavar el dinero de las ganancias.
Al comisario le secuestraron teléfonos celulares y el análisis de los peritos permitió descubrir que no solo se comunicaba con el citado Bazán, sino también con otros cueveros del microcentro.
De esas pruebas se desprende que se juntaban en algunos cafés del microcentro para arreglar el pago de las coimas y les avisaba sobre posibles allanamientos o inspecciones en su contra.