Los riesgos de imitar el método Bukele contra la violencia
La cuestionada medida para combatir las bandas criminales entrega réditos políticos al presidente salvadoreño. Ahora, el nuevo Gobierno hondureño propone algo similar. ¿Comenzarán otros países a replicar la norma?
A ocho meses de que el Gobierno salvadoreño iniciara el estado de excepción para combatir a las maras o pandillas organizadas, el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, anunció a través de su cuenta de Twitter que “el control territorial ya es totalmente del Estado”.
El controvertido régimen para combatir el crimen organizado significa una victoria política para Bukele, quien goza de una alta popularidad. Una encuesta reciente demuestra que más de un 75 por ciento de los salvadoreños apoya la medida y 9 de cada 10 dice que la delincuencia se ha reducido. Asimismo, otro sondeo arroja un 70 por ciento de apoyo para la reelección del mandatario, prohibida por la Constitución.
El municipio de Soyapango, el más poblado de nuestro país, está totalmente cercado desde ayer en la madrugada.
En menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco.
El Control Territorial ya es totalmente del Estado. pic.twitter.com/JI81dCZXnq
— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 5, 2022
Los riesgos de replicar este modelo en la región
El martes (06.12.2022), como parte del Plan Nacional contra la Extorsión, el Gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aplicará también un “estado de excepción parcial” por 30 días que tiene un objetivo similar: promover la “seguridad en los espacios públicos” para incentivar la economía.
Tamara Taraciuk, subdirectora de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), afirmó a DW que esta forma para frenar a las maras “dista mucho de un modelo a seguir, ni para Honduras, ni para ningún otro Gobierno de la región”.
“Los Gobiernos latinoamericanos no deberían enceguecerse con la actual popularidad de Bukele, porque la historia muestra que las políticas de mano dura, a la larga no sirven para mejorar la inseguridad”, agregó Taraciuk.
Por su parte, José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, dijo a DW que “la adopción de esta medida en Honduras sugiere una convergencia regional incentivada por los evidentes réditos políticos que esta medida represiva ha tenido para Bukele en El Salvador. No creo que Honduras vaya a ser el único país que intente algo similar”.
Las críticas al estado de excepción
Según cifras oficiales, más de 58.800 presuntos pandilleros han sido arrestados desde que la medida, que limita las libertades individuales y cerca las ciudades con militares, entró en vigor.
Algunas detenciones fueron cuestionadas por diferentes organizaciones de derechos humanos, que denuncian “casos de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como decenas de casos de tortura y malos tratos, e incluso casos de personas que han muerto bajo tutela del Estado”, según declaró a DW Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El estado de excepción “ha llevado a gravísimos abusos, incluyendo miles de detenciones arbitrarias de individuos solo por su apariencia física, desapariciones forzadas y decenas de muertes en custodia en circunstancias muy cuestionables”, criticó Taraciuk, de HRW.
Las alternativas para combatir al crimen organizado
La fórmula para frenar el crimen “no tiene respuestas fáciles y rápidas. Supone planificar e invertir en educación, en servicios públicos de calidad, en fortalecimiento de las capacidades de investigación policial, en programas de reinserción social, en generación de oportunidades formativas y laborales para la juventud, entre otras cosas”, añadió Marinero.
Por su parte, Taraciuk cree que deben abordarse “las causas estructurales que llevan a miles de jóvenes a unirse a ellas (las pandillas) como, por ejemplo, la marginación social y la falta de programas que ofrezcan oportunidades laborales y educativas a expandilleros, sobre todo en un contexto de desigualdad socioeconómica”.
Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, subrayó que “una política robusta de seguridad pública solo se logra si se tiene en la mesa una visión integral y un proceso participativo, donde las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas tienen una larga trayectoria y experiencia, lo que les permitirá hacer propuestas integrales”.
