MENDOZA : Se definen las pruebas y los testigos del juicio contra Walter Bento

Mientras el Consejo de la Magistratura resuelve si lo suspende o no, este lunes se realizará la audiencia preliminar del debate contra el titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza. Se trata del paso previo a que se siente en el banquillo de los acusados.

Este lunes por la mañana el Tribunal Federal Nº 2 de Mendoza comenzará a definir el futuro de la causa penal contra el juez federal Walter Bento: se realizará la audiencia preliminar del juicio en su contra por los procesamientos como jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a presos a cambio de beneficios judiciales, entre otros delitos que recayeron sobre él. Es el paso previo a que se siente en el banquillo de los acusados, mientras continúa en funciones porque el Consejo de la Magistratura no resolvió si lo suspendía o no.

En esa instancia, las partes acordarán las diferentes pruebas y testigos que se incorporaron durante instrucción para que sean parte del proceso oral. Y el tribunal, conformado por las camaristas Gretel Diamante, María Carolina Pereira -ambas de San Luis- y Eliana Rattá (San Juan), será una especie de mediador que podría resolver, por ejemplo, sobre la presencialidad de los declarantes en la sala. Trascendió también que será seleccionado un cuarto juez -suplente- para que intervenga en caso de que una de las magistradas se ausente porque deben cumplir labores en su provincia.

La audiencia está prevista para las 9 en los Tribunales Federales de calle España y Pedro Molina de Ciudad. Fuentes judiciales detallaron que la fiscalía y defensores establecerán el formato que tendrá el debate oral, que podría sufrir algunos cambios fuera de lo usual en este fuero con la finalidad de no dilatar el proceso.

En ese sentido, buscarán que las partes elaboren alegatos de apertura -tal como sucede en los juicios por jurados provinciales- para evitar la lectura del requerimiento de elevación a juicio, ya que eso podría extenderse a lo largo de ocho sesiones de ocho horas de lectura cada una.

Además, pretenden que se fijen acuerdo probatorios entre el Ministerio Público y los defensores, a fin de definir cuáles de los elementos plasmados en el expediente se encuentran probados para ambas partes.

Bento no será el único que se siente en el banquillo de los acusados. También lo harán una treintena de personas, abogados, policías y contrabandistas, quienes están procesados en la megacausa conocida como Bentogate. La misma situación correrá la familia del Titular del Juzgado Federal Nº1, quienes están imputados por asociación ilícita, cohecho y lavado de activos.

La fecha del inicio del juicio no está definida y difícilmente quede acordada este lunes durante la audiencia preliminar. Por las fuentes consultadas por este diario, recién en agosto, una vez que el Consejo de la Magistratura emita un fallo sobre su situación al frente del juzgado, podría fijarse el arranque.

En la causa también se encuentra Walter Bardinella Donoso, el narco al que le secuestraron un teléfono y sus registros permitieron conocer que existía una red en la Justicia federal que cobraba miles de dólares en sobornos para liberar a acusados de delitos, principalmente de contrabando.

Mientras avanza el expediente judicial, está en sus últimos pasos, en paralelo comenzó a moverse nuevamente el expediente de Bento en el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, en donde se podría resolverse la suspensión del magistrado.

Si esto llegara a suceder, Bento continuará siendo magistrado porque no perdió sus fueros.

El Bentogate
La investigación contra Bento la inició el fiscal general Dante Vega. Luego el expediente recayó en el juez sureño Eduardo Puigdéngolas. El cuestionado magistrado terminó procesado en 15 casos de cohecho (coimas) y como líder de una banda que otorgaba beneficios a acusados de delitos graves a través de una red de abogados.

Entre ellos se encontraban los letrados Jaime Alba, Luciano Ortego, Javier Angeletti, Martín Ríos, Matías Aramayo y Luis Francisco Chato Álvarez, y el ex despachante de aduanas y nexo facilitador de la presunta organización, Diego Alfredo Aliaga (51), quien fue asesinado presuntamente por su socio Diego Barrera en 2020.

Para el fiscal Vega, existía una organización vertical en la que el magistrado tenía a sus mano derecha, quien establecía la conexión entre los presos con ciertos abogados defensores particulares y así arreglaba el pago de las coimas.

En ese sentido, los testimonios mencionan pagos de coimas en dólares para acceder a ciertos beneficios judiciales. También se sumaron pruebas documentales sobre los movimientos económicos del juez.

Debido a esto, también fue procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero porque se consideró que su nivel de vida no coincidía con lo que cobraba como magistrado.