Ministro de Defensa de Ecuador niega participación de FFAA en desaparición forzada de 4 menores

El ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Lofredo, rechazó la acusación contra las Fuerzas Armadas por la desaparición forzada de cuatro menores, capturados en la ciudad de Guayaquil (suroeste) el 8 de diciembre por una patrulla militar y posteriormente asesinados.
“Como ministro de Defensa nacional dejo en claro que no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada”, afirmó Loffredo en su mensaje para ofrecer disculpas públicas a las familias y al país por el crimen de los cuatro niños.

Los hermanos Josué Didier Arroyo Bustos (14 años) e Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15 años), y sus amigos, Steven Gerald Medina Lajones (11 años) y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15 años) fueron arrestados por 16 militares y llevados a más de 40 kilómetros de distancia, donde se les vio con vida por última vez.
El 24 de diciembre se reportó el hallazgo de cuatro cadáveres en la zona cercana a la base aérea de Taura, a donde pertenecían los militares investigados y el 31 de diciembre se confirmó la identidad de los cuerpos de los niños, quienes habían sido maniatados y calcinados.

Este hecho conmocionó al país y generó movilizaciones en varias de sus ciudades, donde los activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al Gobierno la búsqueda de los niños luego de más de dos semanas de la denuncia de su desaparición.
En su alocución, flanqueado por militares, el ministro pidió confiar en la FFAA y dijo que “todo acto denunciado, en donde pudiera haber existido algún tipo de participación de algún agente estatal del orden, jamás quedará en la impunidad por acción u omisión del Gobierno nacional”.
Indicó que tras conocerse los hechos, las FFAA actuaron como correspondía, para garantizar la transparencia del proceso y recordó que actualmente los imputados están en prisión preventiva y podrán defender sus posturas.
Sin embargo, el ministro señaló que “llegarán hasta las últimas consecuencias” para que se sancione la actuación de la jueza Tanya Loor, quien emitió el fallo, al considerar que ello ha generado una persecución política.

Según dijo, la jueza Loor se pronunció a pesar de que no tenía capacidad ni facultad alguna para hacerlo.
“No voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las FFAA que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos”; aseveró.
En su discurso, el ministro arremetió contra el “uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política” y añadió que “las FFAA no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno”.
Loffredo enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) por presunto incumplimiento de sus funciones.
Luego de dos semanas del paradero desconocido de los menores, el ministro descartó la participación de los militares en el hecho y lo atribuyó a los grupos de delincuencia organizada.
Un día después, tras hacerse viral en redes un video donde estaba filmado el momento de la captura de los niños, señaló que estos habían sido detenidos por robo, según un parte militar, aunque admitió posteriormente que no existía documentación al respecto más que la mencionada.

Este 6 de enero, el abogado Fernando Bastias, del equipo de defensa de los familiares de los niños, informó que las Fuerzas Armadas buscan impunidad en el caso con la apelación presentada al cargo de “desaparición forzada”.
“El espíritu de cuerpo que hacen en favor de los 16 soldados, sumadas a las campañas de desinformación y ataque que orquestan contra las familias de las víctimas, son muestras claras que lo que ustedes quieren es impunidad en esta desaparición forzada y ejecución extrajudicial”, señaló en su red social X el abogado Bastias.
El defensor compartió igualmente el documento de la apelación firmado por el jefe del Comando Conjunto de las FFAA, Jaime Vela, quien firma el “recurso de apelación” presentado ante una Unidad Judicial de la Niñez en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil.
Igualmente, el Ministerio del Interior impugnó el fallo emitido en la audiencia de habeas corpus que estableció la desaparición forzada y señaló que se trata de una persecución con fines políticos.

Sobre este caso ya se pronunció el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh)en América del Sur, Jan Jarab, quien pidió al Estado ecuatoriano que investigue lo ocurrido con las víctimas tras su detención por parte de miembros militares en Guayaquil.
De acuerdo con ese organismo, la información conocida hasta ahora por la Oficina coincide con lo dispuesto por la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, por lo que exigió que la actuación de los victimarios debe ser perseguida, investigada y sancionada con celeridad por las autoridades del país andino.