Perú promulga ley que restringe persecución de crímenes de lesa humanidad, favoreciendo a exlíder Fujimori

 Perú promulga ley que restringe persecución de crímenes de lesa humanidad, favoreciendo a exlíder Fujimori

El gobierno de Perú promulgó el viernes una ley que impide el procesamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una decisión que favorece al expresidente Alberto Fujimori así como a cientos de militares investigados o procesados ​​por masacres y asesinatos durante el conflicto armado interno del país (1980-2000).

La ley, que no tuvo comentarios de la presidenta Dina Boluarte , fue promulgada, pese a una orden de julio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal regional en esta materia, indicando a Boluarte, al Congreso y al Poder Judicial que debían anular lo que entonces todavía era un proyecto de ley, porque contravenía el derecho internacional.

Naciones Unidas denunció el viernes la promulgación del proyecto de ley.

La nueva ley de Perú “contraviene las obligaciones del país bajo el derecho internacional y es un avance preocupante, en medio de una reacción más amplia contra los derechos humanos y el estado de derecho en Perú”, dijo Volker Türk, alto funcionario de derechos humanos de la ONU, en un comunicado.

“Los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra se encuentran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deberían aplicarse amnistías ni plazos de prescripción”, añade la declaración. “Los responsables de crímenes atroces deben rendir cuentas, de conformidad con el derecho internacional”.

Según una estimación de la Fiscalía peruana difundida en junio, la legislación tendrá un impacto directo en 550 víctimas y 600 casos, incluyendo investigaciones y procesos judiciales que quedarían archivados o sobreseídos por prescripción.

Según los expertos, la ley beneficiará especialmente a Fujimori -que gobernó Perú entre 1990 y 2000 y fue condenado en 2009 por cargos de abusos a los derechos humanos- en un juicio actual en el que los fiscales buscan condenarlo a 25 años de prisión por el asesinato de seis campesinos en 1992.

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