Podría ser la luna de miel política más corta del mundo. Casi desde el momento de la semana pasada cuando Dina Boluarte reemplazó al derrocado líder Pedro Castillo para convertirse en la primera mujer presidenta de Perú, ha pedido calma y oportunidad para gobernar, insistiendo en que el trabajo interino le llegó por circunstancia, no por ambición personal. Sin embargo, en las zonas rurales empobrecidas, las feroces protestas no muestran signos de disminuir en medio de la ira por la destitución de Castillo, quien fue el primer presidente de Perú con herencia indígena. Los campesinos y otros, largamente ignorados, siguen sin estar dispuestos a renunciar a su demanda de que sea liberado de la prisión, donde está detenido mientras está bajo investigación por rebelión. A pesar de las humildes raíces de Boluarte en los Andes, en su región natal muchos la llaman traidora. “Ella es una oportunista. Ella ha entrado fácilmente al palacio de gobierno, pero de quién era el trabajo”, dijo Rolando Yupanqui después del funeral de una de las al menos 14 personas que han muerto a causa de las heridas sufridas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. “La gente está molesta aquí. ¿Crees que la gente sale a la calle por diversión?”

Yupanqui dijo que Castillo, quien vivía en una casa de adobe de dos pisos antes de mudarse al palacio presidencial neobarroco en la capital, Lima, había visitado su comunidad de Andahuaylas y “era como nosotros”. En cuanto a Boluarte, dijo: “Nunca hemos conocido a la señora”.

Boluarte reemplazó a Castillo después de que el presidente intentara disolver el Congreso antes del tercer intento de los legisladores de destituirlo. Su vehículo fue interceptado mientras viajaba por las calles de Lima en lo que los fiscales han dicho que fue un esfuerzo por llegar a la Embajada de México para solicitar asilo.

Los manifestantes exigen la libertad de Castillo, la renuncia de Boluarte y la programación inmediata de elecciones para elegir un nuevo presidente y el Congreso antes de la votación programada para 2026. Han quemado estaciones de policía, obstruido la principal carretera de Perú y dejado varados a cientos de turistas extranjeros al bloquear el acceso a los aeropuertos.

En Huamanga, una capital provincial, los manifestantes prendieron fuego a un palacio de justicia y un edificio perteneciente a un operador telefónico de propiedad española el viernes por la noche, un día después de que Boluarte declarara el estado de emergencia tratando de calmar los disturbios. La multitud de unos pocos cientos fue dispersada por docenas de agentes de seguridad que dispararon gases lacrimógenos.

El recuento de muertos subió a dos dígitos el jueves después de que un juez aprobó una solicitud de los fiscales para mantener a Castillo bajo custodia durante 18 meses mientras construyen su caso contra el ex maestro de escuela rural que sorprendió a todos al ganar la segunda vuelta presidencial del año pasado a pesar de no tener experiencia política.

Boluarte sostuvo una reunión de emergencia el viernes por la noche en el palacio presidencial con líderes del Congreso y el poder judicial de la nación, todos los cuales condenaron la violencia y llamaron al diálogo. También habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien dijo que ofreció apoyo de Estados Unidos a su incipiente gobierno.

“Obviamente hay una mano negra operando aquí”, dijo José Williams, un general retirado del ejército que como jefe del Congreso sería el siguiente en la línea de sucesión si Boluarte renuncia, a periodistas después de la reunión. “El mismo comportamiento está apareciendo en un lugar, luego en otro. Algo está detrás de escena que nos lleva al caos”.

Si bien Boluarte, bajo presión, ha respaldado el llamado a elecciones anticipadas, reemplazarla requeriría la acción del establecimiento político de Perú, muchos de los cuales no tienen prisa por renunciar a su propia porción de poder.

El viernes, el Congreso no logró reunir suficientes votos para enmendar la constitución y allanar el camino para elecciones anticipadas, y los partidos de izquierda dijeron que aceptarían tal plan solo si una convención constitucional más amplia también estaba en la mezcla.

Mientras tanto, al menos dos de los aliados de Boluarte, los ministros de Cultura y Educación, renunciaron en protesta por lo que llamaron una respuesta policial excesivamente represiva a las protestas.

El nuevo presidente tiene que negociar la crisis sin base de apoyo.

Al igual que Castillo, Boluarte no es parte de la élite política de Perú. Trabajó en la agencia estatal que entrega documentos de identidad antes de convertirse en vicepresidenta. Creció en un pueblo empobrecido en los Andes, habla una de las lenguas indígenas del país, el quechua, y como izquierdista prometió “luchar por los nadies”.

Pero a diferencia de Castillo, que llevaba ponchos, un sombrero tradicional y sandalias de goma que encarnan el campo peruano, Boluarte ha vivido durante años en Lima, un símbolo de políticos ricos y conservadores a los ojos de las comunidades rurales.

Para los analistas, es una versión peruana del tipo de política de identidad que se ha extendido por tantas otras partes del mundo en los últimos años.

“Ven esto como un repudio de quiénes son”, dijo Cynthia McClintock, profesora de ciencias políticas en la Universidad George Washington que ha estudiado ampliamente a Perú. “Pero si les hubieras preguntado hace tres meses: ‘¿Castillo está haciendo un buen trabajo?’, muchas de esas personas habrían dicho: ‘No, no está haciendo un buen trabajo'”.