¿Por qué el oficialismo pretende modificar la Constitución de Bolivia?

El expresidente Evo Morales, el Gobierno de Luis Arce y asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) se expresaron a favor de reformar la carta magna vigente desde 2009. Pasados 14 años, el texto se debe actualizar en varios aspectos, señalaron legisladores consultados por Sputnik.
Morales sugirió la necesidad de reformar la actual Constitución; sin precisar cuáles aspectos se deben mejorar, destacó que de esta manera se podrían “blindar y fortalecer los grandes logros del Estado Plurinacional en lo político, económico y social”.
Jorge Richter, vocero presidencial, coincidió con el tuit del expresidente (2006-2019). Declaró al diario La Razón que la Constitución vigente “tiene rezago en la justicia, en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la política de derechos reales, de régimen penitenciario, de salud, de educación, por mencionar algunas”.
Sputnik consultó al diputado Santos Mamani, quien también vio positiva la propuesta de reforma constitucional.

Después de 2023 está a la vuelta de la esquina la conmemoración de 200 años de creación de Bolivia. Una de las agendas en este futuro inmediato será mejorar nuestra CPE para blindar y fortalecer los grandes logros del Estado Plurinacional en lo político, económico y social.…

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 22, 2023

Mamani comentó que desde la fundación de Bolivia se realizaron 19 reformas constitucionales, la última de ellas en 2005. Al considerar que desde la inauguración de la actual carta magna ya pasaron 14 años, sería hora de actualizar ciertos aspectos.
“No es una cuestión definitiva, pero cada 10 años se han hecho cambios y ajustes a la Constitución. Desde la promulgación en 2009 hasta la fecha han pasado más de 10 años. Más adelante se verá cuáles son los reajustes que se deben hacer o si se requiere una nueva Asamblea Constituyente”, indicó el diputado a Sputnik.
“La sociedad no es estática, es dinámica, va creciendo. Obviamente, las demandas también se amplían. Entonces se requiere ajustar normativas y la misma Constitución”, argumentó Mamani.
De todos modos, el legislador resaltó que la reforma constitucional no es una decisión de los asambleístas, sino que debe ser un pedido del pueblo boliviano.
“Nuestras organizaciones sociales deben definir las reformas. Debe partir de un trabajo eficiente de la misma sociedad. La Constitución no es un acto jurídico, es un hecho social y político”, indicó Mamani.
En su cuenta de Twitter, Morales también dijo: “Estoy convencido de que existen muchas propuestas de movimientos sociales, profesionales, intelectuales y nuevos liderazgos generacionales. Actuamos siempre guiados por el sentimiento y pensamiento puestos en la Patria y nuestro pueblo”.

Mejoras en la justicia
El diputado Jhonny Pardo Ramírez, también del MAS, consideró que son necesarias las reformas, sobre todo en lo referido a la justicia. A partir de la sanción de la Constitución vigente, la elección de los máximos magistrados se realiza mediante voto popular, lo cual hasta ahora no habría dado los frutos esperados.
Actualmente, las y los asambleístas preseleccionan a los candidatos postulados al Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Pero tienen dificultades.
“Nosotros tenemos que hacer la preselección, pero si no logramos un consenso de los dos tercios [de los 166 asambleístas] se va a truncar y por consiguiente no hay selección. Entonces no habrá elección. Y ¿quién va a asumir? Eso no dice la Constitución. ¿Quién tiene la atribución de designar? No dice si lo hace el Legislativo o el Ejecutivo”, explicó a Sputnik.
Y agregó: “Existe un vacío sobre ese tema. Son cosas pequeñas que hay que analizar y perfeccionar”.

¿Será la actual Asamblea, cuyo mandato caduca en 2025, la encargada de llevar adelante estas modificaciones? “Claro que sí”, aseguró el diputado.
Para el diputado Mamani, también es importante adaptar el texto constitucional para incluir la figura de los feminicidios sin que se cruce con otros artículos. “La Constitución garantiza el derecho a la vida, por ello la máxima pena que se puede dar a una persona es 30 años. Pero hay casos delicados, que requieren ser debatidos y analizados”.
De todos modos, encarar las reformas “no es iniciativa de un diputado, sino de los sectores sociales”. Si convocan a los asambleístas “ahí veremos cuáles son las propuestas y por qué motivo se quieren realizar estas modificaciones”.
Una eventual reforma constitucional requeriría el apoyo de dos tercios del total de asambleístas, que significan 110 asientos. Pero el MAS posee 96 legisladores, por lo cual se debería convencer a algunos opositores para que apoyen la moción.