Presuntos mapuches: la Corte postergó la sentencia por las tierras de El Sosneado por un informe clave
El máximo tribunal de la provincia solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas información para comprobar si hubo presencia del pueblo originario en el sur provincial. La causa es una vieja disputa entre una minera y una familia.
La Suprema Corte de Mendoza postergó la sentencia de una disputa de tierras entre una empresa minera y una familia en El Sosneado, San Rafael. El máximo tribunal de justicia de la provincia decidió emitir el fallo recién luego de que Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presente un informe que aclare la presencia ancestral de mapuches en la zona del sur.
El conflicto de tierras entre la minera Sominar SA y la comunidad de El Sosneado es de larga data, pero llegó a otra instancia con la decisión del INAI de conceder derechos a familias mapuches en el sur provincial. La comunidad Lof El Sosneado ya había recurrido a tribunales provinciales para hacer valer su derecho en la disputa con la empresa, pero perdió en primera instancia y apeló ante la Corte.
En este marco, a principios de año, amparándose en la Ley 26.160, el INAI firmó la resolución 36/2023 en el que reconocía “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof El Sosneado perteneciente al Pueblo Mapuche”. En esa iniciativa se les otorgaban 21 mil hectáreas a comunidades indígenas originarias de la zona.
Esto incentivó la disputa que ya venía dándose en el ámbito judicial, pero con un tono más político y sobre la campaña electoral ya en marcha.
Ante esta situación, la Suprema Corte pidió un informe al INAI para corroborar si las 3.400 hectáreas, ubicadas en El Sosneado, que se disputan la Sociedad Minera Argentina S.A. (SOMINAR) y Nilda Edith Verón eran habitadas por los ancestros mapuches de la familia demandada.
“En virtud de ello y la eventual relevancia que esos procedimientos podrían tener en la resolución de la presente causa, resulta necesario oficiar a dicho organismo, a fin de que informe a este Tribunal acerca de las actuaciones cumplidas con posterioridad al dictado de esas resoluciones y si se han adoptado medidas concretas, y en su caso cuáles, a fin de hacer efectivo el procedimiento de adjudicación de inmuebles establecido en Ley 23.302“, sostuvo aviso de la Suprema Corte.
La resolución de la Sala Primera del tribunal lleva la firma de los ministros Pedro Llorente, Teresa Day y Julio Gómez.
A su vez, la Sala Primera destacó en su respuesta que aguardarán el informe del organismo nacional para determinar el siguiente paso. “Asimismo, encontrándose las presentes actuaciones con llamamiento de autos para sentencia, corresponde que se ordene la suspensión del procedimiento hasta tanto el INAI conteste el informe solicitado”, establece el escrito.
La historia del conflicto
El caso entre SOMINAR contra Nilda Verón viene desde hace más de 10 años en los tribunales de San Rafael. El conflicto comenzó luego de que la familia demandada no quiso renovar el contrato de locación de las 3.400 hectáreas que pertenecen a la empresa minera, pero siguió habitando las mismas.
En el expediente del caso figura que luego de que se venciera el contrato de alquiler de las tierras en 2011, Nilda Verón “se negó a firmar nuevos contratos locativos y continuar pagando cánones, sin desocupar el inmueble, ni permitirle a su mandante ingresar nuevamente al mismo”.
Luego de que los abogados de SOMINAR enviaran cartas documentos en el que solicitaban a la familia demandada el pago correspondiente al uso del inmueble y su posterior desocupación. Desde el lado de Verón se negaron a pagar lo que exigido, ya que sostenían que las tierras son “parte de su propiedad comunitaria indígena y que ha sido ocupada por ellos desde sus ancestros”.
Tras el anuncio de la familia Verón en el que anunciara que sus ancestros fueron parte de la comunidad mapuche, la Cámara de Apelaciones en lo Civil de San Rafael le dio la razón a SOMINAR en cuanto a la propiedad de las tierras. Ante este fallo, Nilda Verón decidió apelar y llevar el caso Suprema Corte para que resuelva el conflicto judicial.
Por fuera de esta disputa en particular, el Gobierno de Rodolfo Suarez mostró su rechazo a la iniciativa del organismo nacional, ya que consideraban incondicional e ilegítimo el traspaso de tierras fiscales a “presuntas” comunidades mapuches en Mendoza.
Por ello, decidió presentarse a su vez ante el INAI con tres recursos de reconsideración en contra de las resoluciones, apuntando concretamente en que la Provincia no fue consultada por el organismo nacional, el hecho de que no hubo comunidades mapuches en el sur mendocino, además de fallos judiciales que las autoridades del Instituto no contemplaron.
