San Rafael: el Gobierno negó presuntos abusos en hogares de menores y espera un informe de la Justicia

Un video de un joven a cargo de un hogar tercerizado por la Dinaf desató un escándalo. Desde Desarrollo Social hicieron la denuncia penal e iniciaron una investigación interna.

Una denuncia a través de las redes sociales por un joven a cargo de una fundación sobre presuntos abusos en hogares de niños en San Rafael de la Dinaf activó una denuncia penal en la Justicia y la intervención del Ministerio de Desarrollo Social y Salud para reubicar a los menores e iniciar una investigación interna. Ahora, espera un informe de los veedores externos de Tribunales de Familia.

La denuncia disparadora fue hecha a través de Instagram por Kurt Ottosen, un joven vinculado al PRO de ese departamento que tenía un convenio a través de la Fundación Fuerza Activa con la cartera a cargo de Ana Nadal para cuidar a un grupo de chicos a cargo de la Dirección de Niñez y Familia.

El acuerdo comenzó en enero pasado y se extinguió en junio. En el último tiempo, había unos 13 chicos alojados en el hogar tercerizado Puente de Amor, aunque el cupo total era por 24. En el departamento sureño, la Provincia a través de la dirección mantiene cuatro establecimientos propios de este tipo, pero están sobrepoblados, por lo que de esta manera se inició el acuerdo entre la asociación civil y el Estado mendocino.

La denuncia informal de Ottosen sacudió a San Rafael y tuvo repercusiones políticas en plena campaña electoral. Pero a la vez obligó a la cartera social a cargo de Alejandro Verón a reaccionar.

Vanina Barone, titular de la Dirección de Protección de Derechos a nivel provincial, explicó que la delegada de la zona sur Silvina Gómez, cuestionada por Ottosen en su publicación -“Nadie le pide explicaciones“, aseguró el joven y luego detalla que la relación terminó mal-, hizo una presentación correspondiente ante la Justicia el 4 de agosto.

En la denuncia, la funcionaria provincial pidió al fiscal que se investigue “la posible comisión de delitos contra la integridad sexual que habrían ocurrido en los establecimientos dependientes de nuestra repartición, los cuales negamos y desconocemos su existencia“. Y, de ser fehacientes, que se identifique a los responsables.

Por fuera de lo penal, desde Desarrollo Social también iniciaron una investigación administrativa.

“Hemos puesto a todos los equipos de los hogares a realizar una escucha activa, pero hasta acá no ha salido nada“, aseguró Barone y señaló que los profesionales han rotado en los hogares para determinar si los menores alojados en los establecimientos relatan o dan cuenta, al menos, de alguna situación de abuso como la señalada por Ottosen en el video.

Desde Desarrollo Social, en tanto, descreen de la versión, puesto que aseguran que no han tenido en estos años de gestión situaciones de este tipo y además hay un control externo que realizan los asesores de menores de la Justicia de Minoridad y Familia.

Ahora, en la Dinaf esperan el informe de la revisión que la Justicia hizo en la mañana de este martes en los cuatro establecimientos. En total, en el departamento sureño hay 76 chicos actualmente en estas dependencias -en la provincia la cantidad asciende a 745-.

Con la fundación Fuerza Activa, la Dinaf tenía un convenio por el que el Estado provincial aportaba fondos para la alimentación, la ropa, la medicación si fuese necesaria, el colegio y la recreación de los niños alojados en Puente de Amor. En junio, Ottosen presentó la renuncia, una cuestión que administrativamente estaba acordada de antemano por las partes.

El ingreso de los chicos al hogar, relató Ottosen en su video, fue un mes antes de que el hogar estuviera en condiciones. “Fue realmente caótico”, aseguró. En el video contó que los chicos le relataron distintos abusos y castigos que habían sufrido en las dependencias de la Provincia. Relató incluso que los habían medicado para que durmieran la siesta.

Como respuesta, Barone aseguró que Ottosen debería haber guardado el secreto profesional, ya que se trata de menores.

“Comenzamos a solicitar una actualización porque sabíamos que no nos iban a alcanzar“, recalcó además Ottosen sobre los límites de presupuesto que tenían para el mantenimiento del hogar tercerizado, hasta que deciden cerrarlo.

Por el momento, Silvina Gómez seguirá en su cargo porque no está siendo investigada, confirmaron desde Desarrollo Social. Pero el problema no sólo es penal y social, sino también político. El lunes, legisladores del peronismo se hicieron presentes en San Rafael para pedir información sobre la causa judicial.

Desde el Gobierno han relativizado el video de Ottosen, pero rechazaron más enfáticamente las acusaciones del PJ y los acusaron de “montar un circo” por la proximidad de las elecciones en San Rafael -el 3 de septiembre se vota para intendente y concejales-. En tanto, fuera de la denuncia penal, Gómez bajó el perfil dado que es candidata a diputada provincial en primer término por Cambia Mendoza en el cuarto distrito.