Sicariatos, secuestros y extorsiones: la arremetida del narcotráfico en Ecuador

La ola de violencia que vive Ecuador por el narcotráfico ha cobrado la vida de políticos, alcaldes y una exreina de belleza, ultimada a balazos en un restaurant.

Sicariatos, secuestros, extorsiones y robos a mano armada, entre otros delitos, forman parte de la creciente espiral de violencia que vive Ecuador, azotado en los últimos años por las mafias del narcotráfico que han permeado las instituciones del Estado y la política ecuatoriana.

La feroz ola de violencia, desatada por las mafias del narcotráfico, llevó al presidente Daniel Noboa a decretar este 1 de mayo estado de excepción en cinco provincias ecuatorianas, días después que concluyera la medida a nivel nacional implementada desde principios de enero, cuando declaró un “estado de guerra” para combatir a estas organizaciones “narcoterroristas”.

En otrora la nación más pacífica de la región cerró el 2023 siendo el país más violento de América Latina, con 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, una cifra que estiman, se eleve a 42 para finales de este año.

Pese a que Ecuador atraviesa una crisis de inseguridad desde hace varios años, no fue hasta el 2023 que alcanzó la cúspide, tras la decisión del expresidente Guillermo Lasso (2021 – 2023), quien acortó su período presidencial para evitar un juicio político, de “atacar frontalmente el problema del narcotráfico”.

“Al parecer se rompió un acuerdo tácito que sí habría existido con estructuras de delincuencia organizada para no perseguirles con tanta fuerza de parte del Estado, a cambio de tener las calles tranquilas y no tener tanta violencia de calle”, explica en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS la experta en Inteligencia y seguridad, Lorena Piedra, presidente de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador.

Esta “línea” que existía con determinadas organizaciones criminales, se traspasó con el ataque “frontal” al narcotráfico, al aumentar las incautaciones de drogas que mermaron los ingresos de estas estructuras, causándoles “afectaciones económicas importantes”, continúa Piedra.

Señala que bandas como Los Lobos, ligada al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, cuyo cabecilla, Fabricio Colón Pico, fue recapturado el 22 de abril, tienen “miles de miembros” en todo el territorio ecuatoriano que viven de los ingresos de las economías ilícitas, con cobros desde 70 a 500 dólares por “trabajo”.

“Estas bandas criminales han optado por cambiar el giro del negocio hacia otros temas más bien doméstico para financiarse, y eso es lo que ha caracterizado el aumento de los secuestros extorsivos y algunos sicariatos, porque ahora tienen muchachos desde los 12 años capaces de cometer un crimen de estos y el precio de una muerte a la carta ha bajado muchísimo”, precisa.

El narcotráfico, un secreto a voces
Un secreto a voces quedó revelado en diciembre pasado, a raíz de la investigación “Metástasis” que, según declaraciones de la fiscal general ecuatoriana, Diana Salazar, evidenciaba la instauración de la “narcopolítica” en Ecuador.

Por esta investigación, que surgió a raíz del asesinato en prisión del narcotraficante Leandro Norero, alias “El patrón”, en octubre 2022, han sido detenidos más de 50 funcionarios judiciales y penitenciarios, fiscales, policías y políticos, que habían recibido dinero proveniente del narcotráfico.

Luis Córdova Alarcón, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE), explica que aunque los primeros casos de narcopolítica en la nación suramericana se dan durante el gobierno del expresidente León Febrés-Cordero (1984 – 1988), lo particular actualmente es que ha permeado “absolutamente” el sistema político ecuatoriano.

“En Ecuador se está reproduciendo lo que pasó en Colombia o lo que ha pasado en otros países donde hay economías ilícitas muy rentables, que permean en la política. Lo que es distinto es que ahora, al parecer, esto está absolutamente permeado en el sistema político, lo que debilita la capacidad del Estado para reaccionar”, indica en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

La decisión del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) de expulsar la Base de Manta en 2009, que permitía monitorear el tráfico de droga en la costa ecuatoriana y en buena parte de la región, marcó hito en la lucha contra el narcotráfico en Ecuador, que pasó de ser un país de tránsito de drogas a un centro de distribución.

“Con las FARC (guerrilla colombiana) financiando la campaña de Rafael Correa, tú no podías tener la certeza de que sus decisiones o implementación de políticas públicas no fueran coherentes con quien financió su campaña. Sería bastante ingenuo considerar que esta era una posición exclusivamente soberana del Ecuador”, apunta la analista Lorena Piedra.

Amenazas de muerte y sicariatos
La implacable arremetida criminal en Ecuador ha cobrado la vida de una serie de dirigentes políticos, entre ellos, el presidenciable Fernando Villavicencio; el alcalde de Manta, Agustín Intriago; el fiscal César Suárez, que investigaba ataque armado a un canal de televisión en enero; y, más recienteme, de la alcaldesa de San Vicente, Brigette García, y los alcaldes de Portovelo y Camilo Ponce Enríquez, Jorge Maldonado y José Sánchez Reyes, respectivamente.

Villavicencia, favorito en las encuestas, era férreo adversario del correísmo y había denunciado durante años la corrupción en la nación andina, y la penetración del narcotráfico, principalmente de carteles mexicanos, en la política ecuatoriana.

Sin embargo, su sicariato, que conmocionó al mundo, no fue el primero producto de las represalias del narcotráfico. “El alcalde de Manta, que fue asesinado un mes antes que Villavicencio, tenía negocios con Norero”, menciona Piedra. Intriago, quien aparece en los chats que dan pie al caso “Metástasis”, habría actuado como facilitador de contratos para empresas legitimadoras de capitales. “Al parecer quedó mal con los negocios y por eso lo mataron”, agrega.

Este caso, que ha sacudido la política ecuatoriana, ha provocado una serie de amenazas de muertes a autoridades, entre ellos, la fiscal general, y los colaboradores, Mayra Salazar y Helive Ángulo, cuyos testimonios han sido fundamentales para esclarecer este entramado de narco-corrupción.

El asesinato a balazos el 28 de abril de la exmiss Landy Párraga, vinculada sentimentalmente a Norero y cuyo nombre figuraba en una investigación por lavado de dinero, también podría estar vinculado con el caso “Metástasis”. “Ella habría trazado un camino que permitía lavar dinero a través de una empresa y que había temas ahí que no convenía a muchos que salgan a la luz”, menciona Piedra.

Las amenazas, sumadas a los sicariatos de involucrados en la investigación, tendrían la finalidad de acallar las voces para frenar el avance del caso. “Vamos a tener amenazas de muerte y muertes que son consecuencia de que en negocios, conexiones criminales e ilícitos, no salgan a la luz. Así funcionan las estructuras de delincuencia organizada, si alguien constituye un problema para el negocio, es eliminado nada más, los asesinan”, apunta.

Políticas insuficientes
Los analistas consideran que la política del presidente Noboa son “paños de agua caliente” para frenar la ola de violencia, pese al espaldarazo que recibió en la consulta popular del 21 de abril. “Las decisiones que ha tomado el gobierno son insuficientes e ineficaces para contener un fenómeno que no tiene que ver con la presencia militar”, señala el investigador Luis Córdova Alarcón.

Coinciden que las únicas medidas aprobadas que marcan la diferencia son la extradición de criminales, la confiscación de bienes y la presencia de militares en la calle. Además, estiman que la política de “mano dura” al estilo Nayib Bukele, en El Salvador, ha funcionado desde el punto de vista comunicacional, más no desde lo “práctico real”.

“No es factible (un modelo Bukele) en el caso ecuatoriano porque no es la extensión territorial de El Salvador y, en términos jurídicos, implicaría que el presidente rompa todas las garantías de facto. Además, el fenómeno del crimen organizado en el Ecuador no es similar a las maras, tienen otras connotaciones y eso significa que tampoco va a ser factible identificarlos como lo han hecho en El Salvador”, resalta Córdova Alarcón.

Piedra señala que mientras el debate público se fijé en lo que aparece en redes sociales como “medidas efectivas”, pero que “no solucionan el problema estructuralmente”, la situación va a empeorar. Por tanto, insta a las autoridades a establecer medidas estructurales, más allá del “maquillaje de seguridad”, que puedan ser “realmente efectivas”.

“No existen condiciones que te permitan reproducir tu vida en condiciones seguras o normales. Ecuador sigue expulsando migración, con base en el tema de seguridad, afectaciones en el PIB y en el trabajo. Mientras no se solucione el tema del trabajo y del crecimiento económico, el tema de seguridad no se va a solucionar”, apunta.

La espiral de violencia, de acuerdo con Córdova Alarcón, se va a recrudecer mientras el gobierno continúe aplicando “el mismo recetario”, con estados de excepción, al fenómeno del narcotráfico.

A su juicio, el presidente debería desmarcarse de la guerra contra las drogas y reemplazarla por “una guerra contra las armas”, con una política de control de armas, que restrinja la importación, regule la adquisición y límite el porte de armas. “El problema central es que en un país donde hay un mercado enorme de armas, es obvio que se van a usar para matar”, enfatiza el investigador.