Detienen a los políticos que mandaron a asesinar a la concejala brasileña Marielle Franco

La policía brasileña detuvo este domingo a dos políticos acusados de ser quienes ordenaron la muerte de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, activista por los Derechos Humanos asesinada en 2018, y a un comisario de policía que encubrió el crimen.
Los detenidos son el diputado federal Chiquinho Brazão, su hermano y actual consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Río, Domingos Brazão, y el comisario Rivaldo Barbosa, que era jefe de la Policía Civil y habría actuado para encubrirlos.
Además de estos tres detenidos, la Justicia también emitió otras 12 órdenes de arresto, entre ellas contra otros dos comisarios de policía, subordinados a Barbosa, que también habrían actuado para dificultar la resolución del caso.
De momento, los investigadores aún intentan aclarar qué es lo que motivó el crimen contra Franco, aunque la hipótesis más plausible tiene que ver con la expansión territorial de la milicia (grupos parapoliciales) en la zona oeste de Río de Janeiro.
La detención se produce poco después de que la Justicia considerara como válida una confesión de Ronnie Lessa (autor material del asesinato) en que apuntaba quiénes le encargaron el crimen.
Ronnie Lessa y Élcio Queiroz son dos exagentes de la Policía Militar que están detenidos desde 2019 como autores del asesinato; Lessa efectuó los disparos y Queiroz conducía el vehículo con el que se acercaron al auto donde viajaba la concejala.

Franco fue asesinada con varios disparos en el rostro en pleno centro de Río de Janeiro, y también murió en el acto el conductor de su vehículo, Anderson Gomes.
La concejala fue una destacada líder en defensa de los Derechos Humanos y las minorías y su asesinato causó una fuerte conmoción en todo el país.
La investigación del caso fue demorada y estuvo marcada por interrupciones constantes, que según empieza a saberse ahora tendrían que ver con los obstáculos puestos por la propia cúpula de la Policía Civil para que llegara hasta los mandantes del asesinato.
El caso empezó a avanzar más claramente cuando la investigación dejó de estar en manos de la Policía Civil (que depende del gobierno del estado de Río) y pasó a ser competencia de la Policía Federal (que depende del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva).