Supremo de EE.UU. prohíbe la ley de Texas que permite a policías detener y expulsar migrantes
La mencionada legislación, conocida como SB4, estaba programada para entrar en vigencia este lunes, pero fue demandada por el gobierno del presidente Joe Biden.
El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos emitió este lunes una orden que prohíbe la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, que permitía a la policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país norteamericano.
La mencionada legislación, conocida como SB4, estaba programada para entrar en vigencia en el día de hoy, pero fue demandada por el Gobierno del presidente Joe Biden.
En respuesta a la demanda, el juez Samuel Alito decidió poner en pausa indefinidamente la implementación de la ley, mientras el Tribunal Supremo escucha los argumentos presentados por ambas partes en conflicto, publicó la agencia de noticias EFE.
El caso llegó al máximo tribunal tras una batalla legal protagonizada por la administración Biden y defensores de los derechos de los inmigrantes, encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, quienes argumentan que la iniciativa es inconstitucional.
La SB4, considerada como una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, originalmente estaba programada para entrar en vigor el pasado 5 de marzo. Sin embargo, un juez federal respaldó a los demandantes y detuvo su aplicación.
Posteriormente, el fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó el caso al Quinto Circuito de Apelaciones, donde obtuvo respaldo. Ante esta situación, los demandantes recurrieron al Tribunal Supremo con el objetivo de evitar que la ley entrara en vigor.
El juez Alito, quien ya había detenido temporalmente la aplicación de la ley en dos ocasiones anteriores, decidió bloquearla indefinidamente mientras se evalúa el caso en cuestión.
La SB4 convierte en delito menor el ingreso irregular de extranjeros al estado de Texas desde una nación extranjera. Además, establece que la reincidencia en este delito puede ser castigada con hasta 20 años de prisión. También otorga a la Justicia estatal la facultad de ordenar la expulsión de personas sin necesidad de un proceso legal.
Los oficiales de policía, por su parte, tendrían la autoridad de arrestar a cualquier individuo sospechoso de ingresar irregularmente al país y podrían expulsarlo a México sin necesidad de realizar un arresto formal.
Aunque el fiscal Ken Paxton ha reiterado su compromiso de defender esta medida, los demandantes han advertido que la ley podría conducir a la discriminación racial en todo el estado, especialmente contra la comunidad hispana.
